28 de noviembre de 2020

JUAN CARLOS I sale de España y UNIDAS PODEMOS invoca una “república solidaria y plurinacional”

Don Juan Carlos I no está en España. Una situación insostenible provocada por las informaciones  sobre sus presuntos negocios opacos y operaciones financieras insuficientemente explicadas ha forzado su salida. Ha preferido marcharse antes que seguir dañando la imagen de la Corona  y ha mandado una carta de despedida, fechada el 3 de agosto a su hijo el Rey Felipe VI quien ha aceptado  la decisión de su padre de “trasladarse fuera de España”. 

 Se ha dicho e insistido en que así lo ha querido Juan Carlos I y que sólo afecta a su vida privada,  dado que el 2 de junio de 2019 renunció a la función institucional. Pero a nadie se le escapan las presiones del Gobierno y de ciertos sectores de la sociedad. El escenario asignado al Rey no es nada fácil: tras retirar el  título de duques a su hermana Cristina y cuñado Iñaki por el caso Noos, tiene que resolver ahora el problema de su padre.

De momento no se le ha despojado del título de Rey a Juan Carlos, lo que hubiera supuesto una drástica medida y la necesidad de modificar el decreto del 13 de junio de 2014 en el que se lee: "Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias".

He aquí el comunicado de la Casa de S. M. El Rey


De momento se ignora el tiempo de permanencia  en el pais en el qeu se aloja, aunque será algo debidamente conocido por el Gobierno, porque allí donde  está o esté tendrá un dispositivo de seguridad a cargo de los presupuestos del Estado. El Rey Felipe VI ha mostrado su “sentido respeto y agradecimiento”  y ha reafirmado “los  valores sobre los que la democracia se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico".

 La determinación de Juan Carlos pudo comenzar a gestarse el 27 de mayo de 2019 cuando desapareció de la vida pública oficial,  se consolidó posteriormente al renunciar Felipe VI a su herencia y retirar la asignación a su padre  el pasado 15 de marzo,  y tuvo el desenlace recientemente tras conocerse las declaraciones de Corinna Larsen.

 A pesar de que algunos sectores antimonárquicos han querido tratar este asunto como una huida de la Justicia, no parece que sea ese el objetivo, según se desprende de la noticia publicada por el diario El Mundo:

“El letrado de Don Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco, ha emitido un comunicado donde asegura que el Emérito le "ha dado instrucciones" para que haga público que tras "su decisión de trasladarse en estos momentos fuera de España permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuna".

Con este mensaje, los servicios jurídicos del Monarca, quien no se encuentra imputado en ningún procedimiento judicial en la actualidad puesto que las diligencias que mantiene abierta la Fiscalía son preprocesales, quieren transmitir que abandonar en estos momentos el país no constituye un acto para trata de eludir una posible acción de la Justicia española. De momento, el Emérito tampoco tiene abierto ningún procedimiento judicial en Suiza, donde sí están siendo investigados por blanqueo de capitales sus presuntos testaferros, el abogado Dante Canónica y el gestor Arturo Fassana,  y su ex "amiga entrañable" Corinna Larsen. Fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO sostienen que el país helvético carece de competencias para investigar al ex Jefe del Estado.”

Menos comprensiva ha resultado la actitud de U. PODEMOS, cuyo portavoz en el Congreso, Pablo Echenique,  ha pedido que se “le impida huir (a Juan Carlos I)”  ya que  “teniendo causas pendientes en España y tanto dinero para viajar y protegerse, ¿la Justicia va a permitir que se marche? ¿No podría eso dificultar las pesquisas?”, insinuando a la vez que “su marcha pudiera dificultar la investigación judicial en la que está inmerso” y no mejora ni la monarquía ni la democracia.

 Ha añadido además que "la gente no estaba pidiendo que Juan Carlos de Borbón se marchase de España", sino que “se conozca la verdad sobre sus actividades presuntamente corruptas, que pague por los delitos que haya cometido y que devuelva los impuestos evadidos”.

 Y ha advertido también que su partido,  Unidas Podemos, seguirá “explorando todas las vías para que los negocios turbios de Juan Carlos de Borbón se investiguen a fondo, se conozca la verdad, se sepa hasta dónde y hasta quiénes llega la trama y se ponga fin a la impunidad”.

El Comunicado del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común emitido tras la marcha de Juan Carlos I completaba la información de  Pablo Echenique con las siguientes aportaciones:- Califica de “huida” la salida de España y hace referencia de “siete delitos relacionados con actuaciones presuntamente corruptas y fraudes a la Hacienda Pública” y lo declara  como  un “intento de sustraerse a la acción de la justicia”, insinuación carente de fundamento.

- Denuncia el privilegio de la “inviolabilidad” sin explicar si también lo son “la inmunidad y el aforamiento” que afecta a cientos de cargos electos, olvidándose del derecho a la “presunción de inocencia”.

-  Atribuye al Emérito una “inmensa fortuna” sin saber su cantidad y origen, lo cual es una simple exageración interesada.

-  Formula un ataque directo a la forma de Jefatura del Estado. ¿Debe suprimirse una institución, ya sea la Monarquía, una Diputación, una Comunidad Autónoma o un partido político por  los errores o delitos de sus representantes?

-  Menciona una “sucesión de crisis económicas y sociales soportadas por la mayoría social”, pero no analiza sus posibles causas ni los agentes que las provocaron. 

-  Reclama un debate social sobre el modelo de Estado de España esperando que “el pueblo se decida por una república solidaria y plurinacional que garantice todos los derechos sociales, civiles y políticos para todas las personas” sin especificar quiénes no los tienen en la actual monarquía parlamentaria. Pero se olvida incluir en ese referéndum otros asuntos que afectan a los españoles y también fueron votados “indirectamente” con el texto de la Constitución Española de 1978.

Este asunto sigue de actualidad y en él seguiremos en las próximas entradas...


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