En la entrada del día 16 de junio pasado nos aproximamos al resurgir de debate político sobre el llamado "Derecho a decidir", en el que nos propusimos analizar algunas ocurrencias y falacias, que a continuación veremos.
El líder de PODEMOS, Pablo Iglesias, nos ha regalado ciertas primicias:
"En democracia, la confianza de los ciudadanos se tiene que manifestar votando, se tiene que manifestar en las urnas. El Gobierno tiene que dar la palabra a los ciudadanos y le exigimos que convoque un referendo"… "Si el Gobierno español entiende que Felipe de Borbón cuenta con la confianza de los ciudadanos para asumir la jefatura del Estado, debe someterlo a referendo".
"La monarquía y la Casa Real en España están valoradas por los ciudadanos vinculándolas con la corrupción y entendemos que deben formar parte del pasado y no del futuro del país. Estamos en un momento que requiere amplios consensos, esos consensos requieren que se devuelva la palabra al pueblo y que, por tanto, se abra un proceso constituyente en nuestro país".
"El PSOE debe saber leer el resultado de las urnas y no traicionar ni a los electores ni a los ciudadanos y, por tanto, no prestarse a un acuerdo de casta que serviría para que el Gobierno pudiera aprobar esa ley orgánica necesaria para que el proceso de abdicación continúe".
Personalmente creo que a todos los que votamos el 20 de noviembre de 2011 (representación de ese "pueblo llano" al que se refieren siempre los políticos de la vieja y emergente casta, y en su nombre creen hablar) nos gustaría saber si hubo un pucherazo ese día. ¿Acaso no han salido de las urnas la mayoría absoluta del PP y los diputados de los demás partidos que concurrieron a esas Elecciones Generales? ¿Carecen de legitimidad los que la recibieron de los ciudadanos en las urnas ese día? ¿Quiénes son los que otorgan fecha de caducidad anticipada a la legitimidad obtenida en las urnas?
Mientras que la forma de la Jefatura del Estado o cualquier otra norma se ejerzan de acuerdo con el mandato constitucional no es preciso ningún referéndum para cambiar lo consensuado, votado y aprobado. No obstante, todos aquellos que no estén conformes podrán modificarlo parcial o totalmente el día que cuenten con la fuerza legal suficiente y democráticamente conseguida para poder hacerlo.
Quien tiene que demostrar, en tiempo y forma, que algo no está asumido por la mayoría de los ciudadanos es quien lo afirma. La carga de la prueba le corresponde a quien propugna ese cambio. Con el mismo argumento se puede plantear un referéndum sobre el actual sistema territorial de España con sus C.C.A.A. y Diputaciones aludiendo falta de apoyo del pueblo que las sustenta.
Exigir en estos momentos “un proceso constituyente en nuestro país para que el pueblo decida su futuro mediante amplios consensos” contiene más demagogia que ansias de mejora, y bien lo sabe quien lo expone. El pueblo como tal, en su conjunto, no puede consensuar ni decidir en movimientos asamblearios de magnitud ilimitada, en los que la democracia queda muy malparada. El recuerdo de los "soviets" y su funcionamiento asambleario desmonta el tinglado propuesto con aires de imposicón.
El mandato del Artículo 6 de la Constitución Española es claro:
“Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.”
Mejorar su funcionamiento es tarea de los líderes y de los afiliados y de todos ellos en su conjunto. Es cierto que hay problemas de democracia interna en todos (o en la mayoría), incluso en PODEMOS, y las listas cerradas impuestas desde arriba desbaratan el discurso de quien critica a la casta política, empleando después sus mismos defectos.
Cree Pablo Iglesias de PODEMOS que el PSOE debe saber leer el resultado de las urnas (de las elecciones europeas, es de suponer). ¿No las habrá leído él mismo con el recuerdo de las Municipales de 1931? A veces, el subconsciente juega malas pasadas.
Sirva como guinda de este pastel de ocurrencias la fórmula empleada por Pablo Iglesias de PODEMOS en el acto de jura o promesa de la Constitución que han realizado los eurodiputados electos el día 13 de junio de 2014:
"Sí, prometo acatar la Constitución hasta que los ciudadanos de mi país la cambien para recuperar la soberanía y los derechos sociales".
Puestos a enmendar fórmulas, los demás también tenemos opiniones:
a) Podría haber añadido: "…la cambien democráticamente según la normativa establecida".
b) Entre los términos “país”, “nación” y “España” ha elegido el menos preciso y menos comprometido.
c) Es de agradecer que con el término “ciudadanos” haya tenido suficiente y se haya olvidado de las “ciudadanas”, exponiéndose a que alguien le tilde de machista. Habrá que examinar si esto supone un avance o un distanciamiento de la Constitución Bolivariana de Venezuela, de cuyo régimen parece ser que fue asesor, y de la que algún destacado párrafo encontrarás aquí.
d) “Recuperar” significa según DRAE 1. tr. Volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía.2. tr. Volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible.3. tr. Trabajar un determinado tiempo para compensar lo que no se había hecho por algún motivo....
Puesto que el Art. 1,2 de la CE dice que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, ¿no le resultará un tanto contradictorio acatar una Constitución que carece de la soberanía nacional que dice contener? Como es de suponer que alguna vez la tuvo, ¿Cuándo la perdió o quién se la arrebató?
e) Es una pena que no se haya referido en concreto a ninguno de los "derechos sociales" perdidos ni a quién se los ha quitado.
f) Es comprensible que en tan breve y peculiar texto se haya olvidado de los “deberes” u obligaciones como contrapeso de los derechos. ¿Disfrutan ahora los españoles de menos derechos y más deberes? Todo un canto al populismo.
Con estos precedentes, más de un ciudadano (y ciudadana) habrá recordado la Constitución Española de 1812, que establecía en su Art. 6: "El amor de la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo el ser justos y benéficos".