10 de mayo de 2020

Dos visiones diferentes de un gobierno de coalición (II de V): Ignacio Escolar y el futuro progresista


5.- No tiene reparo en decir que  para los medios de comunicación próximos a la derecha, Sánchez lidera un gobierno radical con ministros comunistas que  apoya el “golpe catalán” y a “los terroristas vascos”. En contraposición a ese denominado “gobierno radical”  podría explicar las esencias de ese  “gobierno progresista” que tanto gusta a unos llamarse y a otros repetirlo, pero no lo hace para evitar que se descubra su carencia de contenidos. (“Sánchez now leads a “radical” government with “communist ministers” that support the “Catalan coup” and “Basque terrorists.”).

6.- Escolar no aprecia ese radicalismo del nuevo gobierno del que le acusa la derecha,  ya que las medidas más sobresalientes  de la nueva coalición se reducen al control de los precios del alquiler de la vivienda y a un pequeño incremento de los impuestos  a los más ricos y que solo afecta al 0,4% de los contribuyentes, lo que para la derecha es “un ataque a la propiedad privada y una agresión fiscal a la clase  media”. (“Some of the agreed-upon measures by the new coalition are a new regulation of housing rental prices,…“an attack on private property” — and a small tax increase that affects the richest 0.4 percent of taxpayers,… a “fiscal attack on the middle-class.”)

7.- No es cierto que la izquierda haya sido mayoritaria en el Congreso desde 2015 (“The left has been a majority in Congress since December 2015,..). En 2016, entre PP y  C´s  sumaban el  46,27 % mientras que la izquierda, PSOE y PODEMOS, llegaba al 43,78%. Sorprendentemente se olvida  citar que la izquierda llegó al poder mediante una moción de censura contra Rajoy, apoyada por los independentistas cuyo entusiasmo por la unidad de España y su gobernabilidad “les interesa un pimiento”.

8.- Fácilmente se constata que al nuevo gobierno no le dedica la más ligera crítica, reservando la más fuerte y desmesurada para VOX, partido de extrema derecha según su apreciación  (“the far-right Vox”). Dado que considera a U. PODEMOS y a EH Bildu como  partidos “izquierdistas” y a VOX de “extrema derecha”, la ecuanimidad del articulista sobre la ubicación ideológica de los partidos  no resulta creíble. Algo  chirría cuando a Ortega Lara alguien le trata de “ultraderechista” Otegui es considerado un “hombre de paz”. 

Dice de VOX que es el  tercer mayor partido del Congreso,  pero también el más reaccionario. Es de suponer que en contraposición al más progresista de los progresistas,  que pudiera estar   representado por un  comunismo de incustionable historial totalitario. Para reafirmarse en su tesis dice que “uno de sus diputados en el Parlamento Europeo pidió públicamente al Ejército Español que diera un golpe de Estado para evitar que Pedro Sánchez llegara a ser presidente” (“One of his deputies in the European Parliament publicly asked the Spanish Army to execute a coup to prevent Sánchez from being appointed president”). Este era el texto del tweet   de referencia del 2 de enero de 2020: “En estos días parece que todos los cómplices de Zapatero, desde el etarra Otegui  a los comunistas Iglesias y Garzón, se esfuerzan por hacer inevitable la aplicación del artículo 8 de la Constitución para que las Fuerzas Armadas interrumpan un obvio proceso golpista para la voladura de España como nación”.

9.- Cree Ignacio Escolar que la retórica radical de VOX haya arrastrado a los otros partidos  conservadores más allá de la derecha, y recuerda que el líder del PP, Pablo Casado llamó a Sánchez  “sociópata, mentiroso, fatuo, arrogante, y patético” (“sociopath, liar, fatuous, arrogant and pathetic.”) sin analizar si eran simples calificativos o insultos, fruto de sus actuaciones  y manifestaciones previas. 

 Y espera más judicialización de la política  porque “la derecha tratará de ganar en el juzgado lo que pierda en las urnas”   (“we can also expect more “lawfare” in Spain: the judicialization of politics. The right will try to win in court what it lost at the polls.”). Para Escolar puede ser nefasto lo que en realidad no es: cuando alguien se salte la ley es preciso que alguna Institución la reponga. 

Curiosamente, quien primero ha amenazado con judicializar la política ha sido el Gobierno de Coalición de Pedro Sánchez con motivo de la puesta en vigor del “Pin parental” en la Región de Murcia.

10.-  El artículo termina poniendo deberes al gobierno de coalición: parar el crecimiento de la extrema derecha (para él no existe la extrema izquierda) y romper la espiral de polarización en el país. (“stop the growth of the far right and break the spiral of polarization in the country”), demostrar que existe otro modo de hacer las cosas, de manejar los recursos públicos y de integrar Cataluña en España… Y pronostica que si esta coalición tiene éxito, será un ejemplo para Europa en cómo detener  el ascenso de la  peligrosa extrema derecha xenófoba, (“an example for Europe on how to stem the political rise of the dangerous, xenophobic far-right.”)

Alguna razón habrá tenido Ignacio Escolar  para no estudiar  y referirse a las múltiples incoherencias habidas  entre los mensajes y los comportamientos de PSOE y UNIDAS PODEMOS, a pesar del abundante material que de ello existe en las hemerotecas y preferir su silencio cómplice. ¿Será un signo de agradecimiento o  un motivo para conseguirlo? 

El tiempo nos desvelará  más temprano que tarde qué fue de lo dicho y sus motivos.
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NOTA:  la realidad vivida durante esta pandemia está destrozando los pronósticos políticos de Escolar.  Si difícil lo tiene este gobierno de coalición con  la crisis sanitaria, la económica se lo puede llevar por delante. Ojalá lo resuelvan con éxito por el bien de todos, porque de lo contrario tiempo tendremos de verlo y sufrirlo.

25 de abril de 2020

Dos visiones diferentes de un gobierno de coalición (I de V): Ignacio Escolar y el futuro progresista


Introducción:
Cuando se constitutuyó el gobierno de coalición  PSOE-UNIDAS PODEMOS con el apoyo de nacionalistas y separatistas, no faltaron los comentarios ante tal novedad, críticos los unos y laudatorios los otros, sobre sus posibilidades de  estabilidad y futuro.

Han pasado algunos meses y se ha cambiado el análisis de las intenciones y propósitos de los gobernantes por el de los hechos reales de cada día, ya que los acontecimientos de hoy ocultan los de ayer. Sin embargo, no conviene olvidarse de los primeros para comprender mejor la evolución y la transformación que puede ejercer el poder en los gobernantes. Sólo han pasado cuatro meses y parece como si la legislatura estuviera dando las últimas.

 La verdad es que cuando este gobierno de coalición se constituyó, la peste del coronavirus se veía lejana  y no parecía afectar al gobierno social-comunista. Sin embargo, la peste proveniente de China llegó a Italia y poco después se expandió por España produciendo una crisis sanitaria  y económico-social de impredecibles consecuencias y a las que nos acercaremos en posteriores ocasiones y con mayores elementos de juicio.

En estas próximas entradas nos centraremos en dos publicaciones inmediatas a la formación del gobierno PSOE-U.P., ambas en la prensa extranjera, una en The Washington Post de autor español y la otra de un periodista británico en el diario The Telegraph. Veremos que cada una lo enjuicia desde dos perspectivas diferentes, prefiriendo la primera el aspecto político y el económico la segunda. 

Curiosamente, el poco tiempo transcurrido ha desbaratado las previsiones iniciales. Nada será igual, pero veremos que los comportamientos políticos siguen patrones ideológicos para resolver una crisis. El tiempo nos dirá quién estuvo más acertado y fue más objetivo en sus apreciaciones y quién se dejó influir por la ideología partidista y quiso, incluso, influir en la opinión pública. 

Así, pues, retomemos el pasado, situémosnos en esa circunstancia que nos parece tan lejana y no lo es tanto, analicemos aquellso dichos y veamos qué quedan de ellos en este presente incierto.

El pasado 11 de enero, Ignacio Escolar nos ofreció el siguiente tweet:

Se trataba de una referencia explícita al artículo que anteriormente había publicado en The Washington Post  (“El nuevo gobierno de coalición  de España podría ser un ejemplo para Europa, si dura”) Spain’s new coalition government could be an example to Europe — if it lasts.  en el que había un enlace hacia otro, con título en castellano y en el mismo diario, “España cambia el bloqueo del gobierno por la grieta parlamentaria”. 

Al primero de ellos, que parece extraído del segundo, podemos hacer las siguientes observaciones:

1.- Ignacio Escolar denomina al gobierno de Pedro Sánchez como de una “nueva  coalición de izquierda”,  (“new left-wing coalition”) sin especificar cuál fue y cuándo tuvo lugar “la vieja”, retira la “E” de español de la marca PSOE dejándolo en un simple Partido de Obreros Socialistas (Socialist Workers’ Party) y considera esa coalición como una “anomalía en España cuando es algo común en los países con sistemas parlamentarios”, sin mencionar cuántas de esas coaliciones se han formado con partidos comunistas en gobiernos europeos desde la II GM.

2.- De “izquierdista” califica a Unidas Podemos, atribuyendo su origen al 15-M (“the leftist party born out of the Indignados movement...”) y omitiendo referencias a sus relaciones con los gobiernos bolivarianos como sus presuntos donantes de financiación, denunciada  pero no demostrada judicialmente hasta ahora...

3.- Afirma Escolar que la derecha española acusó ese pacto de “intolerable traición”, no sólo por la presencia de Unidas Podemos, sino por la abstención de ERC, partido separatista,  necesaria para la obtención de la mayoría de Sánchez a cambio de negociar un acuerdo que sería votado únicamente por los catalanes. Señala que ERC promovió el voto secesionista en 2017, pero se abstiene de  calificar  de ilegal aquella convocatoria de referéndum. (“ERC is one of the pro-independence parties that promoted Catalonia’s separatist vote in 2017”). 

No es nada acertado  el párrafo dedicado a la condena de Oriol Junqueras y a su cuestionada sentencia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que Escolar sigue considerándole miembro del Parlamento Europeo, después de que el Presidente de ese Parlamento hubiera emitido una resolución  por la que le retiraba la pertenencia a dicha Institución, y de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Supremo de España. (El Parlamento Europeo deja de reconocer a Oriol Junqueras como eurodiputado. Escucha al Supremo y considera que el líder de ERC perdió la condición de diputado tras la decisión de la Junta Electoral. )


4.- También le da el mismo tratamiento de “izquierdista” al otro partido, EH Bildu,  cuya abstención era  imprescindible. Le califica de independentista e informa que hace años apoyó al extinto grupo terrorista ETA (“the leftist Basque independence party that years ago backed the now extinct terrorist group ETA”). Según el articulista, el PSOE no negoció nada a cambio de sus votos y sorprendentemete la derecha le acusa de complicidad con ETA. Difícil creerse un  apoyo por nada tras conocer los intercambios habidos en Navarra. Podía haber aludido Escolar a la posibilidad de existencia de relaciones actuales de EH Bildu con el entorno de ETA, pero no lo ha hecho. Interesante saber qué piensan en EH Bildu de los asesinatos etarras, de la petición de perdón por ellos y de su interés por colaborar en el posible esclarecimiento de cientos de atentados y muertes aún no resueltas.
(Continuará...)

2 de marzo de 2020

Radiografía política de la provincia de Burgos tras las elecciones del 10-N

1.- Resultados de las Elecciones Generales celebradas el 10 de noviembre  en  la provincia de Burgos.

De acuerdo con los datos procedentes de  Infoelectoral 2019 ,  el panorama político de la provincia de Burgos ha quedado así establecido:
El  PSOE ha conseguido 2 Diputados  y el PP ha obtendio también 2 Diputados.
El último diputado o diputada electo fue pra el PP y la candidatura más próxima fue la de VOX , que sed quedó a 1.058 Votos.

Índices estadísticos:

Participación: 71,25%,......200.251 votantes.    Abstención: 28,75%,........  80.818 votantes
Nulos: 1,34%,.......................  2.683 votantes.     En blanco: 1,31%, ..............2.587 votantes

PSOE: 63.726 votos………………….……...… 32,26%       
PP: 60.931 votos………………………..…..….  30, 84%   
VOX: 29.408 votos……………………………   14,89%   
U. PODEMOS-IU: 21.843 votos…………........…. 11, 06%   
Cs: 16.049 votos……………………………......   8,12 %

2.- Resultados electorales habidos en los doce mayores municipios de la provincia de Burgos.

10 de noviembre de 2019PSOEPPVOXU. PODEMOS
 - IU
 C´s


ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS380...27,52%218...19,48%280...25,02%174...15,55%99...8,85%


ARANDA DE DUERO5.858...34,49% 4.785...28,18%2.468...14,53%1.835...10,80%1.607...9,46%


BURGOS31.853...32,29%30.504...30,92%14.607...14,81%10.422...10,56%8.285...8,40%


LERMA421...30,98% 456...33,55%179...13,17%160...11,77%119...8,76%




10 de noviembre de 2019PSOEPPVOXU.PODEMOS
 - IU
C´s


MEDINA DE POMAR789...26,75%994...33,69%542...18,37%304...10,31%255...8,64%


MIRANDA DE EBRO7.229...41,01% 3.785...21,47%1.754...9,95%3.189...18,09%1.188...6,74%


ROA 412...36.30%342...30,13%201...17,71%66...5,81%91...8,02%


SALAS DE LOS INFANTES333...32,11% 356...34,33%131...12,63%109...10,51%80...7,71%




10 de noviembre  2019PSOEPPVOXU.PODEMOS
-IU
 C´s


VALLE DE MENA842...44,36%355...18,70%182...9,59%403...21,23%49...2,58%


VILLARCAYO626...30,42%642...31,20%380...18,46%211...10,25%150...7,29%


VILLAGONZALO PEDERNADLES 288...30,13%217...22,70%171...17,89%130...13,60%129...13,49%


ESPINOSA DE LOS MONTEROS376...40,52%293...31,57%122...13,15%66...7,11%52...5,60%




Fuente: Ministerio Interior.            Elecciones 2019. Infoelectoral 2019


3.- Implantación de los diversos partidos en las zonas rural y urbana.

Si consideramos como zona urbana los doce municipios anteriores  (142.544 votantes del total de 194.981 de la provincia de Burgos, lo que supone el 73,11%) y rural los 357 municipios restantes podemos establecer  la siguiente implantación de los principales partidos:

Zona urbana:

PSOE: 49.407 votos………………….……...… 77,53%       
PP: 42.947 votos………………………..…..….  70,48%   
VOX: 21.017 votos……………………………   71,46%   
U. PODEMOS-IU: 17.069 votos……….......…. 78,14%   
Cs: 16.049 votos……………………………......  75,42 %

Zona rural:

PSOE:  14.319 votos………………….……...… 22,47%       
PP: 17.984 votos………………………..…..….  29,52%   
VOX: 8.391 votos…………………………… ..  28,54%   
U. PODEMOS-IU: 4.774 votos…….............…. 21,86%   
Cs: 3.945 votos…………………………..…......  24.58 %

Conclusión:
U.P.-I.U (seguido de PSOE, C´s, VOX Y PP) es el partido con mayor implantación  en porcentaje en la zona urbana.
PP (seguido de VOX, C´s, PSOE Y U.P.-I.U) es el partido con mayor implantación en porcentaje en la zona rural.

4.- Suma de votos por bloques.

  En la entrada "Del bipartidismo imperfecto a los bloques cuasi estancos"   publicada el 18 de junio de 2019 se puede ver la evolución  de esos bloques y puede compararse con el resultante de las últimas elecciones del noviembre pasado. En la presente, veremos las sumas referentes a la provincia burgalesa y a su capital, así como a sus dos principales localidades por las consecuencias que pudieran devivarse en unas futuras eleciones municipales.

a) Provincia de Burgos:
PSOE + U.P.-I.U.: 85.569 votos........................43,32%
PP+VOX + C´s: 106.388 votos.........................53,85%

b) Burgos:

PSOE + U.P.-I.U.: 42.275 votos........................42,85%
PP+VOX + C´s: 53.396 votos...........................54,13%

c) Miranda de Ebro:
PSOE + U.P.-I.U.: 10.418 votos........................59,91%
PP+VOX + C´s: 6.727 votos.............................38,09%

d) Aranda de Duero:
PSOE + U.P.-I.U.: 7.693 votos...........................43,09%
PP+VOX + C´s: 8.860 votos..............................52,17%


Estos son los datos y serán los diferentes partidos políticos quienes asuman sus responsabilidades y asuman sus consecuencias, sabiendo que nada es fácil. Esto es un simple juego estadístico. Las decisiones reales corresponden a otros.





21 de febrero de 2020

La Ministra Celaá y el derecho a la libre elección de centro docente (III de III)


Vimos en la entrada anterior (Cap.II) la peculiar teoría  expuesta por la Sra. Celaá  sobre el supuesto “derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo” opinando que no emanaba de la Constitución Española, y apoyándose en   el FJ8 de STC 5/1981 de 13 de Febrero de 1981 y en "el contenido de más de 30 sentencias del Tribunal Constitucional" de las que no mencionaba ninguna de ellas. 

Tras analizar los Fundamentos Jurídicos 7 y 8  de la STC 5/1981 de 13 de Febrero de 1981, así como el art. 9 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales firmado en Roma en 4 de noviembre de 1950,  el Art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, y el  art. 34 de la L.O.E.C.E (Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares), todos ellos citados en los FJ 7 y 8,   pudimos comprobar que dicha Sentencia no amparaba la tesis de la Ministra en funciones  y que lejos de haber  treinta sentencias más que la apoyaran, existían otras en sentido contrario además de diferentes leyes educativas que estudiaremos a continuación.

De todas ellas podemos establecer la siguiente relación cronológica: 

1.- Ley  Orgánica  8/1985,  de  3  de  julio,  reguladora  del  Derecho  a  la Educación. https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12978-consolidado.pdf
Artículo cuarto1. Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los siguientes derechos:
b) A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos.
c) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/17197

4. … En principio, ciertamente, no hay dificultad alguna en admitir que el derecho de todos a la educación, en cuanto derecho de libertad (STC 86/1985, fundamento jurídico 3. ), comprende la facultad de elegir el centro docente, incluyendo prima facie la de escoger un centro distinto de los creados por los poderes públicos. Y ello no sólo porque así lo prevea el art. 4 b) de la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación (en adelante L.O.D.E.), sino porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al interpretar el alcance del primer inciso del art. 2 del Protocolo núm. 1 ("A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción"), ha reconocido taxativamente que este derecho se garantiza igualmente tanto a los alumnos de las escuelas públicas como a los de las privadas, sin establecer distinción alguna entre ellos (Sentencia Castello-Roberts c. el Reino Unido, de 25 de marzo de 1993, but 27).

…. Así, pues, bajo el ámbito de cobertura del art. 27.1 C.E., cabe ubicar la capacidad de optar entre los diversos centros existentes, sean públicos o privados, aunque, naturalmente, el acceso efectivo al elegido dependerá de si se satisfacen o no los requisitos establecidos en el procedimiento de admisión de alumnos, para cuya fijación los centros privados no concertados gozan de autonomía (art. 25 L.O.D.E.). Por lo demás, este Tribunal ya ha revelado la relación estrecha que media entre la facultad de escoger centro docente y el derecho consagrado en el art. 27.3 C.E., puesto que el ejercicio de aquélla constituye "un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral" (STC 5/1981, fundamento jurídico 8. ).

 https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
CAPÍTULO III.  Escolarización en centros públicos y privados concertados.
Artículo 84.  Admisión de alumnos.
1.  Las  Administraciones  educativas  regularán  la  admisión  de  alumnos  en  centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores. En  todo  caso,  se  atenderá  a  una  adecuada  y  equilibrada  distribución  entre  los  centros escolares de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.

https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/05/pdfs/BOE-A-2011-275.pdf
5.  b) … Efectivamente, en lo que respecta a la determinación por los padres del tipo de educación que habrán de recibir sus hijos, ese derecho constitucional se limita, de acuerdo con nuestra doctrina, al reconocimiento prima facie de una libertad de los padres para elegir centro docente (ATC 382/1996, de 18 de  diciembre,  FJ  4)  y  al  derecho  de  los  padres  a  que  sus  hijos  reciban  una  formación religiosa  y  moral  que  esté  de  acuerdo  con  sus  propias  convicciones  (art.  27.3  CE),

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-6823
En este sentido, «el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el artículo 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente que enuncia el artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aunque es obvio que la elección de centro docente sea un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral.» Esa falta de identidad, que no impide una indudable conexión, entre el derecho al ideario y el derecho de los padres a la elección de centro escolar se encuentra ejemplificada en el asunto resuelto por este Tribunal en la STC 133/2010, de 2 de diciembre, FJ 5, en la que descartábamos que ese derecho de los padres se proyectara sobre un modelo pedagógico concreto.

 https://tc.vlex.es/vid/vulneracion-derecho-libertad-educativa-735593481
Fundamentos Jurídicos.
La libertad de enseñanza (art. 27.1 CE) comprende a su vez la doble facultad de los padres de elegir el centro docente de sus hijos, que podrá ser de titularidad pública o privada, y de elegir la formación religiosa o moral que se ajuste a sus propias convicciones; facultad ésta última a la que se refiere específicamente el artículo 27.3 CE” [SSTC 10/2014 , de 27 de enero, FJ 3; 5/1981 , FJ 7, y 133/2010 , de 2 de diciembre, FJ 5 b); ATC 382/1996 , de 18 de diciembre, FJ 4]. Una y otra facultad, siendo distinguibles, están evidentemente relacionadas: “es obvio que la elección de centro docente sea un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral” (STC 5/1981, FJ 8). Ambas guardan una íntima conexión con el derecho de creación de instituciones educativas con ideario propio, no limitado a los aspectos religiosos y morales.

Y no está de más recordar:



Artículo 26. 3.-   Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.



El Parlamento Europeo... I. Pide que la Comunidad europea reconozca los siguientes prinncipios.
(1) Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la educación y a la enseñanza. Este derecho comprende el derecho de cada niño al pleno desarrollo de sus aptitudes y facultades. Los padres tienen derecho a decidir la educación y el tipo de enseñanza que haya de darse a sus hijos menores, en el marco de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y de las leyes que las desarrollan;
(2) El derecho de todo niño o joven a la educación y a la instrucción sin discriminación de sexo, raza, convicciones filosóficas o religiosas, nacionalidad o condición social o económica;
Ver también los apartados 3, 6, 7, 8 y 9


J.  Considerando que el derecho a la educación incluye la libertad de establecer centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

76.  Anima a que, en el marco del incremento de la inclusividad y el respeto de la libertad de elección educativa, se conceda apoyo financiero adecuado a los centros escolares de todas las categorías y niveles, tanto de carácter público como privado sin ánimo de lucro, a condición de que el plan de estudio que se ofrezca se base en los principios recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y sea conforme a los ordenamientos jurídicos y normas y disposiciones en materia de calidad de la educación y sobre el uso de estos fondos en vigor en el Estado miembro de que se trate.
................................................................

 Seguro que todo lo anterior no forma parte de "las más de treinta sentencias" que avalan la teoría de la Sra. Celaá. Esperamos que algún día las presente en público para poder contrastarlas.

11 de febrero de 2020

La Ministra Celaá y el derecho a la libre elección de centro docente (II de III)

De la entrada anterior tomaremos las palabras de la Ministra en funciones,  Sra. Celaá  (artículo de ABC):

 «De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centros formarán parte de derechos que puedan tener los padres, madres en las condiciones legales que se determinen pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución Española», y lo justificaba con una  Sentencia del Tribunal Constitucional de 1981.

Recordemos también la nota  aclaratoria enviada por el Ministerio de Educación ese mismo día comunicando que «el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el artículo 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente».

"Es más, en el Fundamento Jurídico 8,  (Sentencia del T. C. de 13 de febrero de 1981) el propio Tribunal establece que 'el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el art. 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente'."

Ese mismo diario “Público”  ampliaba en una edición posterior que las afirmaciones de  la Sra. Celaá  se sustentaban en "el contenido de más de 30 sentencias del Tribunal Constitucional", manteniendo además  que  "sostener que existe un derecho constitucional absoluto a la elección de centro significaría el absurdo de que los centros sostenidos con fondos públicos, pero también los privados, deberían admitir a todos los solicitantes de plaza en ellos, así multipliquen la capacidad organizativa del centro".

Para comprobar lo que de cierto hay en las palabras de la Sra. Celaá deberemos contrastarlas con las distintas legislaciones educativas y con otras sentencias sobre este asunto.

A)  El mencionado Art. 27 de la Constitución Española,  dice que:
1.- Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
3.- Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4.-  La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
6.- Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
9.- Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

B) Los Fundamentos Jurídicos de la STC 5/1981 de 13 de Febrero de 1981 a la que se refiere la Ministra Celaá:

https://tc.vlex.es/vid/1-2-3-4-5-ca-6-7-u-8-9-va-15034945

7. La libertad de enseñanza que explícitamente reconoce nuestra Constitución (art. 27.1) puede ser entendida como una proyección de la libertad ideológica y religiosa y del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones que también garantizan y protegen otros preceptos constitucionales (especialmente arts. 16.1 y 20.1 a). Esta conexión queda, por lo demás, explícitamente establecida en el art. 9 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales firmado en Roma en 4 de noviembre de 1950, en conformidad con el cual hay que interpretar las normas relativas a derechos fundamentales y libertades públicas que nuestra Constitución incorpora, según dispone el artículo 10.2…….
…. … Del principio de libertad de enseñanza deriva también el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que desean para sus hijos (art. 27.3).
…. … Es claro, por último, que cuando en el ejercicio de esta libertad se acomete la creación de centros docentes que han de impartir enseñanzas regladas, e insertos, por tanto, en el sistema educativo, los centros creados, además de orientar su actividad, como exige el apartado segundo del art. 27, hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, con las precisiones y matizaciones que de algunos aspectos de este enunciado hace el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 13), se han de acomodar a los requisitos que el Estado imponga para los centros de cada nivel.

8. El derecho que el art. 34 de la L.O.E.C.E. reconoce a los titulares de los centros privados para «establecer un ideario educativo propio dentro del respeto a los principios y declaraciones de la Constitución», forma parte de la libertad de creación de centros, en cuanto equivale a la posibilidad de dotar a éstos de un carácter u orientación propios. Esta especificidad explica la garantía constitucional de creación de centros docentes que, en otro caso, no sería más que una expresión concreta del principio de libertad de empresa que también la Constitución (art. 38) consagra.
El derecho a establecer un ideario propio como faceta del derecho a crear centros docentes, tiene los límites necesarios de este derecho de libertad. No son límites que deriven de su carácter instrumental respecto del derecho de los padres a elegir el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos, pues no hay esta relación de instrumentalidad necesaria, aunque sí una indudable interacción. El derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el art. 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente que enuncia el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aunque también es obvio que la elección de centro docente sea un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral.

Nota: Se puede acceder al texto completo de los  Fundamentos Jurídicos 7 y 8 mediante este enlace  https://tc.vlex.es/vid/1-2-3-4-5-ca-6-7-u-8-9-va-15034945


B.1.- Artículo 9 Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión, o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.
B.2.- También se cita el Art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cuyo mandato se acoge la legislación española.

Artículo 13.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.

B.3.- En el FJ8 se nombra el art. 34 de la L.O.E.C.E., de cuyo contenido se fija en los siguientes términos: (Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares,  

Art. 34
1. Se reconoce a los titulares de los centros privados el derecho a establecer un ideario educativo propio dentro del respeto a los principios y declaraciones de la Constitución. Asimismo podrán contratar el personal del centro y ejercitar los derechos y deberes dimanantes de esas relaciones contractuales con el personal, asumir la gestión económica del centro y la responsabilidad del funcionamiento del mismo ante la Administración, padres de alumnos, profesorado y personal no docente.
También cita por dos veces el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que hemos podido analizar anteriormente.


Conclusiones:

1.- Desafortunada estuvo la Sra. Celaá  con su primera afirmación “De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa…”. Basta con leer el Art. 27.3 (Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones) para darse cuenta de su error.

2.- Si bien es cierto que literalmente no figura en el Art. 27 de la C. E. “el derecho a la libre elección de centro por parte de los padres” no lo es menos que distintas sentencias del Tribunal Constitucional y otras leyes educativas ratifican ese derecho, como veremos más adelante.

3.-  Conviene  recordar y comparar la expresión del comunicado del Ministerio de Educación "Es más, en el Fundamento Jurídico 8,  (Sentencia del T. C. de 13 de febrero de 1981) el propio Tribunal establece que 'el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el art. 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente'.” con el texto completo de ese F.J. 8  “El derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el art. 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente que enuncia el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aunque también es obvio que la elección de centro docente sea un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral.” y completarlo con el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Como es fácil comprobar, el texto citado por la nota del Ministerio de Educación está mutilado respecto el párrafo completo del F.J. 8, y en él no figura la referencia al Art. 13. 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo contenido quedó expuesto en el apartado B.3

4.-  Decía el diario “Público”  que las palabras de la Sra. Celaá  se sustentaban en "el contenido de más de 30 sentencias del Tribunal Constitucional" si bien sólo apunta una (ya analizada) y nada favorable. En cambio, sí que hay otras sentencias y legislación pertinente  en sentido contrario como podremos ver en la siguiente entrada.