21 de febrero de 2020

La Ministra Celaá y el derecho a la libre elección de centro docente (III de III)


Vimos en la entrada anterior (Cap.II) la peculiar teoría  expuesta por la Sra. Celaá  sobre el supuesto “derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo” opinando que no emanaba de la Constitución Española, y apoyándose en   el FJ8 de STC 5/1981 de 13 de Febrero de 1981 y en "el contenido de más de 30 sentencias del Tribunal Constitucional" de las que no mencionaba ninguna de ellas. 

Tras analizar los Fundamentos Jurídicos 7 y 8  de la STC 5/1981 de 13 de Febrero de 1981, así como el art. 9 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales firmado en Roma en 4 de noviembre de 1950,  el Art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, y el  art. 34 de la L.O.E.C.E (Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares), todos ellos citados en los FJ 7 y 8,   pudimos comprobar que dicha Sentencia no amparaba la tesis de la Ministra en funciones  y que lejos de haber  treinta sentencias más que la apoyaran, existían otras en sentido contrario además de diferentes leyes educativas que estudiaremos a continuación.

De todas ellas podemos establecer la siguiente relación cronológica: 

1.- Ley  Orgánica  8/1985,  de  3  de  julio,  reguladora  del  Derecho  a  la Educación. https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12978-consolidado.pdf
Artículo cuarto1. Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los siguientes derechos:
b) A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos.
c) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/17197

4. … En principio, ciertamente, no hay dificultad alguna en admitir que el derecho de todos a la educación, en cuanto derecho de libertad (STC 86/1985, fundamento jurídico 3. ), comprende la facultad de elegir el centro docente, incluyendo prima facie la de escoger un centro distinto de los creados por los poderes públicos. Y ello no sólo porque así lo prevea el art. 4 b) de la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación (en adelante L.O.D.E.), sino porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al interpretar el alcance del primer inciso del art. 2 del Protocolo núm. 1 ("A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción"), ha reconocido taxativamente que este derecho se garantiza igualmente tanto a los alumnos de las escuelas públicas como a los de las privadas, sin establecer distinción alguna entre ellos (Sentencia Castello-Roberts c. el Reino Unido, de 25 de marzo de 1993, but 27).

…. Así, pues, bajo el ámbito de cobertura del art. 27.1 C.E., cabe ubicar la capacidad de optar entre los diversos centros existentes, sean públicos o privados, aunque, naturalmente, el acceso efectivo al elegido dependerá de si se satisfacen o no los requisitos establecidos en el procedimiento de admisión de alumnos, para cuya fijación los centros privados no concertados gozan de autonomía (art. 25 L.O.D.E.). Por lo demás, este Tribunal ya ha revelado la relación estrecha que media entre la facultad de escoger centro docente y el derecho consagrado en el art. 27.3 C.E., puesto que el ejercicio de aquélla constituye "un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral" (STC 5/1981, fundamento jurídico 8. ).

 https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
CAPÍTULO III.  Escolarización en centros públicos y privados concertados.
Artículo 84.  Admisión de alumnos.
1.  Las  Administraciones  educativas  regularán  la  admisión  de  alumnos  en  centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores. En  todo  caso,  se  atenderá  a  una  adecuada  y  equilibrada  distribución  entre  los  centros escolares de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.

https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/05/pdfs/BOE-A-2011-275.pdf
5.  b) … Efectivamente, en lo que respecta a la determinación por los padres del tipo de educación que habrán de recibir sus hijos, ese derecho constitucional se limita, de acuerdo con nuestra doctrina, al reconocimiento prima facie de una libertad de los padres para elegir centro docente (ATC 382/1996, de 18 de  diciembre,  FJ  4)  y  al  derecho  de  los  padres  a  que  sus  hijos  reciban  una  formación religiosa  y  moral  que  esté  de  acuerdo  con  sus  propias  convicciones  (art.  27.3  CE),

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-6823
En este sentido, «el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el artículo 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente que enuncia el artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aunque es obvio que la elección de centro docente sea un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral.» Esa falta de identidad, que no impide una indudable conexión, entre el derecho al ideario y el derecho de los padres a la elección de centro escolar se encuentra ejemplificada en el asunto resuelto por este Tribunal en la STC 133/2010, de 2 de diciembre, FJ 5, en la que descartábamos que ese derecho de los padres se proyectara sobre un modelo pedagógico concreto.

 https://tc.vlex.es/vid/vulneracion-derecho-libertad-educativa-735593481
Fundamentos Jurídicos.
La libertad de enseñanza (art. 27.1 CE) comprende a su vez la doble facultad de los padres de elegir el centro docente de sus hijos, que podrá ser de titularidad pública o privada, y de elegir la formación religiosa o moral que se ajuste a sus propias convicciones; facultad ésta última a la que se refiere específicamente el artículo 27.3 CE” [SSTC 10/2014 , de 27 de enero, FJ 3; 5/1981 , FJ 7, y 133/2010 , de 2 de diciembre, FJ 5 b); ATC 382/1996 , de 18 de diciembre, FJ 4]. Una y otra facultad, siendo distinguibles, están evidentemente relacionadas: “es obvio que la elección de centro docente sea un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral” (STC 5/1981, FJ 8). Ambas guardan una íntima conexión con el derecho de creación de instituciones educativas con ideario propio, no limitado a los aspectos religiosos y morales.

Y no está de más recordar:



Artículo 26. 3.-   Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.



El Parlamento Europeo... I. Pide que la Comunidad europea reconozca los siguientes prinncipios.
(1) Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la educación y a la enseñanza. Este derecho comprende el derecho de cada niño al pleno desarrollo de sus aptitudes y facultades. Los padres tienen derecho a decidir la educación y el tipo de enseñanza que haya de darse a sus hijos menores, en el marco de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y de las leyes que las desarrollan;
(2) El derecho de todo niño o joven a la educación y a la instrucción sin discriminación de sexo, raza, convicciones filosóficas o religiosas, nacionalidad o condición social o económica;
Ver también los apartados 3, 6, 7, 8 y 9


J.  Considerando que el derecho a la educación incluye la libertad de establecer centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

76.  Anima a que, en el marco del incremento de la inclusividad y el respeto de la libertad de elección educativa, se conceda apoyo financiero adecuado a los centros escolares de todas las categorías y niveles, tanto de carácter público como privado sin ánimo de lucro, a condición de que el plan de estudio que se ofrezca se base en los principios recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y sea conforme a los ordenamientos jurídicos y normas y disposiciones en materia de calidad de la educación y sobre el uso de estos fondos en vigor en el Estado miembro de que se trate.
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 Seguro que todo lo anterior no forma parte de "las más de treinta sentencias" que avalan la teoría de la Sra. Celaá. Esperamos que algún día las presente en público para poder contrastarlas.

11 de febrero de 2020

La Ministra Celaá y el derecho a la libre elección de centro docente (II de III)

De la entrada anterior tomaremos las palabras de la Ministra en funciones,  Sra. Celaá  (artículo de ABC):

 «De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centros formarán parte de derechos que puedan tener los padres, madres en las condiciones legales que se determinen pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución Española», y lo justificaba con una  Sentencia del Tribunal Constitucional de 1981.

Recordemos también la nota  aclaratoria enviada por el Ministerio de Educación ese mismo día comunicando que «el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el artículo 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente».

"Es más, en el Fundamento Jurídico 8,  (Sentencia del T. C. de 13 de febrero de 1981) el propio Tribunal establece que 'el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el art. 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente'."

Ese mismo diario “Público”  ampliaba en una edición posterior que las afirmaciones de  la Sra. Celaá  se sustentaban en "el contenido de más de 30 sentencias del Tribunal Constitucional", manteniendo además  que  "sostener que existe un derecho constitucional absoluto a la elección de centro significaría el absurdo de que los centros sostenidos con fondos públicos, pero también los privados, deberían admitir a todos los solicitantes de plaza en ellos, así multipliquen la capacidad organizativa del centro".

Para comprobar lo que de cierto hay en las palabras de la Sra. Celaá deberemos contrastarlas con las distintas legislaciones educativas y con otras sentencias sobre este asunto.

A)  El mencionado Art. 27 de la Constitución Española,  dice que:
1.- Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
3.- Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4.-  La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
6.- Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
9.- Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

B) Los Fundamentos Jurídicos de la STC 5/1981 de 13 de Febrero de 1981 a la que se refiere la Ministra Celaá:

https://tc.vlex.es/vid/1-2-3-4-5-ca-6-7-u-8-9-va-15034945

7. La libertad de enseñanza que explícitamente reconoce nuestra Constitución (art. 27.1) puede ser entendida como una proyección de la libertad ideológica y religiosa y del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones que también garantizan y protegen otros preceptos constitucionales (especialmente arts. 16.1 y 20.1 a). Esta conexión queda, por lo demás, explícitamente establecida en el art. 9 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales firmado en Roma en 4 de noviembre de 1950, en conformidad con el cual hay que interpretar las normas relativas a derechos fundamentales y libertades públicas que nuestra Constitución incorpora, según dispone el artículo 10.2…….
…. … Del principio de libertad de enseñanza deriva también el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que desean para sus hijos (art. 27.3).
…. … Es claro, por último, que cuando en el ejercicio de esta libertad se acomete la creación de centros docentes que han de impartir enseñanzas regladas, e insertos, por tanto, en el sistema educativo, los centros creados, además de orientar su actividad, como exige el apartado segundo del art. 27, hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, con las precisiones y matizaciones que de algunos aspectos de este enunciado hace el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 13), se han de acomodar a los requisitos que el Estado imponga para los centros de cada nivel.

8. El derecho que el art. 34 de la L.O.E.C.E. reconoce a los titulares de los centros privados para «establecer un ideario educativo propio dentro del respeto a los principios y declaraciones de la Constitución», forma parte de la libertad de creación de centros, en cuanto equivale a la posibilidad de dotar a éstos de un carácter u orientación propios. Esta especificidad explica la garantía constitucional de creación de centros docentes que, en otro caso, no sería más que una expresión concreta del principio de libertad de empresa que también la Constitución (art. 38) consagra.
El derecho a establecer un ideario propio como faceta del derecho a crear centros docentes, tiene los límites necesarios de este derecho de libertad. No son límites que deriven de su carácter instrumental respecto del derecho de los padres a elegir el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos, pues no hay esta relación de instrumentalidad necesaria, aunque sí una indudable interacción. El derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el art. 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente que enuncia el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aunque también es obvio que la elección de centro docente sea un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral.

Nota: Se puede acceder al texto completo de los  Fundamentos Jurídicos 7 y 8 mediante este enlace  https://tc.vlex.es/vid/1-2-3-4-5-ca-6-7-u-8-9-va-15034945


B.1.- Artículo 9 Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión, o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.
B.2.- También se cita el Art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cuyo mandato se acoge la legislación española.

Artículo 13.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.

B.3.- En el FJ8 se nombra el art. 34 de la L.O.E.C.E., de cuyo contenido se fija en los siguientes términos: (Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares,  

Art. 34
1. Se reconoce a los titulares de los centros privados el derecho a establecer un ideario educativo propio dentro del respeto a los principios y declaraciones de la Constitución. Asimismo podrán contratar el personal del centro y ejercitar los derechos y deberes dimanantes de esas relaciones contractuales con el personal, asumir la gestión económica del centro y la responsabilidad del funcionamiento del mismo ante la Administración, padres de alumnos, profesorado y personal no docente.
También cita por dos veces el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que hemos podido analizar anteriormente.


Conclusiones:

1.- Desafortunada estuvo la Sra. Celaá  con su primera afirmación “De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa…”. Basta con leer el Art. 27.3 (Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones) para darse cuenta de su error.

2.- Si bien es cierto que literalmente no figura en el Art. 27 de la C. E. “el derecho a la libre elección de centro por parte de los padres” no lo es menos que distintas sentencias del Tribunal Constitucional y otras leyes educativas ratifican ese derecho, como veremos más adelante.

3.-  Conviene  recordar y comparar la expresión del comunicado del Ministerio de Educación "Es más, en el Fundamento Jurídico 8,  (Sentencia del T. C. de 13 de febrero de 1981) el propio Tribunal establece que 'el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el art. 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente'.” con el texto completo de ese F.J. 8  “El derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el art. 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente que enuncia el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aunque también es obvio que la elección de centro docente sea un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral.” y completarlo con el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Como es fácil comprobar, el texto citado por la nota del Ministerio de Educación está mutilado respecto el párrafo completo del F.J. 8, y en él no figura la referencia al Art. 13. 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo contenido quedó expuesto en el apartado B.3

4.-  Decía el diario “Público”  que las palabras de la Sra. Celaá  se sustentaban en "el contenido de más de 30 sentencias del Tribunal Constitucional" si bien sólo apunta una (ya analizada) y nada favorable. En cambio, sí que hay otras sentencias y legislación pertinente  en sentido contrario como podremos ver en la siguiente entrada. 

8 de febrero de 2020

RUINOSA DEMAGOGIA


¿Sería sostenible una sociedad en la que el sector público  superara al privado, en el que la contribución de  la población activa no fuera suficiente para pagar las pensiones de la pasiva y los impuestos no alcanzaran a mantener a  los empleados públicos? ¿Qué debería hacer un gobierno responsable para coser esos dos rotos?

José Tomás Cruz Varela realiza hoy una incursión en la situación económica de la España actual y nos deja unas reflexiones que el tiempo se encargará de avalar o desmentir, pero que hoy parecen más próximas a la dura realidad.
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RUINOSA DEMAGOGIA

Tal como estaba previsto por parte del Gobierno, el PIB creció un 2% en 2019, justamente al menor ritmo esperado. Es un crecimiento que lamentablemente supone el menor avance en los últimos cinco años y repercute bajando la competitividad de nuestra economía.

El problema radica en que en lugar de constatar la desaceleración de nuestra menor competitividad, hemos experimentado dos descensos inocultables.

Como se esperaba, el Estado continúa siendo el gran pagador de España, donde la cifra de nóminas ronda los  15 millones situada muy por encima de Francia en el sector privado. Los grandes desembolsos continúan yendo a manos de pensionistas y funcionarios, colectivos de gran peso electoral, en los que el presidente sigue centrando sus esfuerzos,  aprobándose por segundo año una gran oferta de empleo  público.

En el momento actual en el que la vulnerabilidad de nuestra  economía  no es nada desdeñable y es lo esperado por los gobernantes, por encima de todo se imponen medidas que en la mayoría de los casos no gustan a la mayoría.

La coyuntura actual demanda exigir políticas de gasto expansivas, agotando este tipo de retos que lastran nuestra economía, cuando lo necesario implica sustituir la demagogia por una gestión lo más rigurosa posible, todo lo contrario a lo  efectuado por nuestros ejecutivos de pandereta… cuya eficacia, en múltiples ocasiones,  deja mucho que desear…

Atentamente

José Tomás Cruz Varela



3 de febrero de 2020

COMPLEJO PANORAMA CATALAN

En el artículo breve y profundo  de hoy, el analista Cruz Varela  describe  ciertos rasgos  sobresalientes de las  personalidades de Torra Pedro Sánchez, señala lo que persiguen los independentistas y manifiesta lo que sienten los españoles contrarios al proceder del Presidente Sánchez. 

Sólo los creyentes en la cuadratura del círculo pueden esperar que haya estabilidad en la gobernación de España,  sin romper su unidad  y sin ceder ante peticiones de ruptura y concesión de privilegios. El tiempo nos dirá si sus apoyos y votos fueron gratuitos y bienintencionados o fueron dados a cambio de la recompensa repetidamente solicitada y por todos conocida. 
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COMPLEJO PANORAMA CATALAN

No es de recibo que semejante tuerce botas, se permita la licencia de afirmar que “los españoles son bestias carroñeras con una grave tara  en su ADN”. Frase al parecer nunca rectificada del presidente de la Generalidad, el abominable Joaquín Torra, aspirante a político militante de tercera división.

No obstante, nuestro brillante presidente, Pedro Sánchez, al parecer no tiene el más mínimo inconveniente de presentarse en Barcelona a rendir pleitesía al citado Torra, títere de Carlos Puigdemont, y totalmente decidido a dialogar con el presidente de la Generalidad con tal de permanecer en la Moncloa, a sabiendas de que eso le supondrá el depender de los secesionistas catalanes y vascos.

Constituye una vergüenza para los españoles lo que sucede en Cataluña al tener que soportar la actitud de los catalanes y,  más todavía,  la que se siente por el propio presidente del Gobierno, personaje de mucho talante  y escaso talento, como afirma el erudito periodista, Luis María Ansón  en su ingeniosa columna de “canela fina”.

Es difícil asumir el diseño orgánico del nuevo ejecutivo con sus duplicidades relativamente operativas que complican la coordinación, y obedecen a razones totalmente ajenas a la necesaria eficacia.

Atentamente.

José-Tomás Cruz Varela
Director de RR.HH.

30 de enero de 2020

DESASTROSO DESPROPÓSITO DE JOSE LUIS ABALOS

  
Hoy nos trae Cruz Varela unas reflexiones sobre el misterioso  “saludo-encuentro sin llegar a la categoría de reunión o negociación” que el Ministro Ábalos mantuvo con la Vicepresidenta de Maduro en un avión venezolano en Barajas. Son tantas las versiones contradictorias que el Ministro español ha dado que todas no pueden ser ciertas y, en cambio, todas pudieran ser falsas. Si se llegara a demostrar que Ábalos ha mentido, siempre le acompañarán aquellas palabras que su compañero Rubalcaba dijo el 13 de marzo de 2004: "Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta, que les diga siempre la verdad". ¡Que la teoría se lleve a la práctica!

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DESASTROSO DESPROPÓSITO DE JOSE LUIS ABALOS

   Recientemente, el Gobierno está tratando de solucionar el despropósito organizado por el irresponsable ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta chavista Deley (*) Rodríguez, en el avión en el cual viajaba a Madrid desde Caracas, resultando incomprensible que dicho político se viese obligado a explicar varias veces el admitir haber sido observado de manera fortuita con una de los altos cargos del régimen de Maduro.

   Curiosamente, tres días atrás, se dio el caso de que Pedro Sánchez trató de evitar que Ábalos eludiese que la política Rodríguez pisara territorio español, algo terminantemente vetado en función de las sanciones recibidas por quebrantamiento de derechos humanos.

   Tristemente, las palabras del Presidente del Gobierno, una vez más, sonaron a improvisación y con la responsabilidad que supone verse en el compromiso de tener que cesar a Ábalos en el caso de una posible dimisión que obviamente no se llevaría a cabo.

   Pedro Sánchez evitó el encuentro con la número dos de Maduro, con lo cual eludió su posición ante el venezolano, negándose a recibirle oficialmente con el obligado protocolo.

   Han sido ya muchos los ciudadanos que han interpretado como errónea la actitud del ministro español, alegando que incluso debería renunciar de su cargo,  gesto que frisa en la ilegalidad si se acreditase que Deley Rodríguez abandonó el avión en Barajas para pisar territorio español, formando parte de una estrategia fomentada por Zapatero en base a su posición sobre Venezuela.

   El ministro por su parte puntualizó que PP, Vox y Cs, han sido los partidos que han exigido su renuncia, si bien lo pretendido por estas formaciones es tumbar al PSOE. La falta de liderazgo por parte de Sánchez es cada vez más evidente, y las fricciones  permanentes con  Podemos amenazan con convertir el  Gobierno en una olla a presión, cuyo precio puede pagarse en forma de ingobernabilidad, con las consiguientes consecuencias.

(*) El apellido de la política venezolana, en algunos medios aparece como (Decy). Rogamos tomen nota.

Atentamente.
José-Tomás Cruz Varela.

25 de enero de 2020

EL DEBUT DE PEDRO SÁNCHEZ


El artículo que hoy nos presenta José-Tomas Cruz Varela  versa sobre la primera  entrevista que el Presidente Pedro Sánchez  ha concedido a una cadena televisiva con resultado irrelevante y sin despertar interés de la audiencia.

El comentarista analiza algunos de los asuntos presentados por Sánchez  como esenciales en su acción de gobierno sin hacer ninguna  referencia a sus contradicciones y  anteriores enfrentamientos con socios de gobierno e independentistas… Y Cruz Varela no lo menciona porque el Presidente se olvidó de explicárselo a los españoles que ansiosos estaban por conocerlo y saber cómo había logrado dormir bien por las noches sin pesadillas populistas.

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EL DEBUT DE PEDRO SÁNCHEZ

(De mi puño y tekla)

El pasado lunes 20 de enero, nuestro actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cumpliendo su promesa, tuvo la osadía de obsequiarnos con su primera y prometida intervención televisiva, que a muchos ciudadanos nos recordó las peroratas del nefasto y anterior dirigente Rodríguez Zapatero, acompañado de su tradicional y ridículo personaje que a estas alturas se permite la licencia de aparecer en los medios de comunicación, para ser entrevistado y como siempre con penoso resultado. Todo esto sin entrar  en materia sobre sus anteriores y presuntas fechorías.

El cerrado empeño del actual mandatario, continúa manteniendo las acusaciones de alarmismo, dado que siguen apareciendo señales sobre el deterioro de nuestra situación económica. Prueba evidente es que el Fondo Monetario Internacional ((FMI), con tres meses de antelación, avisó que el crecimiento de la economía  española descendería hasta el 1,6% para el presente año y el que viene respectivamente, dos décimas y una menos de  lo previsto en octubre.

   Semejante circunstancia, tristemente, obliga  a que España abandone el crecimiento continuado por primera vez en cinco años. No obstante, tanto Sánchez como Iglesias,  desde sus respectivos cargos continúan manteniendo el  optimismo.

   Como estaba previsto en el Foro de Davos han acusado la desaceleración de la demanda, al igual que las exportaciones españolas, más limitadas que  lo previsto y con las consiguientes consecuencias.

   En otro orden de temas, pero dentro de los abordados, Sánchez aprovechó para anunciar  su cita  con “Torra”, en la primera semana de febrero y anunciar su gira por todas las comunidades autonómicas, manteniéndo el lógico contacto con todos sus presidentes, insistiendo en su  afirmación de que Cataluña está “más calmada”, añadiendo que igualmente se ha acordado con ERE, la creación de una  comisión bilateral que será “absolutamente constitucional”, trabajando paralelamente con el Parlamento, insistiendo en que la solución de la comunidad vendrá del “dialogo”. Sánchez afirmó que la sociedad catalana “tendrá que votar los acuerdos” que se alcancen en la mesa..

    Es preciso devolver a la política cuando el conflicto es político, pero nunca ubicarse detrás del Tribunal Supremo. El Gobierno de España estará en el cumplimiento estricto de la Ley, asumiendo que el independentismo catalán no cabe en la vía unilateral.

   Sánchez afirma en dar un paso al frente y lo va a intentar.

    En cuanto al tan cacareado ”Pin Parental”, propuesto por Vox e iniciado en Murcia, Sánchez afirma ser un invento de la “ultraderecha”.

   Para finalizar, el Presidente insistió  en su deseo de que España necesita disponer de nuevos Presupuestos Generales del Estado, reclamando a la Oposición que renuncie a bloquear el País y menos aún el perjudicar a los ciudadanos.

   Finalmente, el Jefe del Gobierno, decidió apostar por la no anulación de la reforma laboral, solo limitándose a la supresión de algunos de sus aspectos que han demostrado resultar lesivos.

Atentamente. 

José-Tomas Cruz Varela



  

20 de enero de 2020

La Ministra Celaá y el derecho a la libre elección de centro docente (I de III)

 Ocurrió hace pocos meses pero vuelve a estar de actualidad por otros motivos, por eso merece la pena recordarlo y actualizarlo.  Resulta una obviedad afirmar que tanto los partidos de izquierda como los sindicatos llamados de clase son contrarios a subvencionar los colegios concertados. No obstante, justo  es reconocer que fue en tiempos del socialismo de Felipe González cuando se estableció   este sistema de mantenimiento de esta clase de centros educativos, situados entre la enseñanza pública y la netamente privada.

Parecían estar más o menos calmadas las aguas de la enseñanza concertada cuando la Ministra de Educación en funciones y tras el preacuerdo del PSOE con Unidas Podemos, abrió la Caja de Pandora. Con unas manifestaciones extemporáneas en el lugar menos propicio y con un más que dudoso respaldo legal, la Sra. Celaá ha levantado un gran revuelo  que los medios de comunicación han tratado de distinta y desigual forma.


«De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centros formarán parte de derechos que puedan tener los padres, madres en las condiciones legales que se determinen pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución Española». 
  «De esto da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981».

A última hora de ese día, el Ministerio de Educación envió un comunicado centrado en esa sentencia: «el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el artículo 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente».


 Después de distintos comentarios, menciona el comunicado posterior del M. de Educación:

 "la posición expresada por la ministra es exactamente la que está establecida por la ya antigua Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 1981 en el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares".

"En ningún momento el TC indica que forme parte de la libertad educativa el derecho a elegir centro"… "Es más, en el Fundamento Jurídico 8, el propio Tribunal establece que 'el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el art. 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente'."

"sostener que existe un derecho constitucional absoluto a la elección de centro significaría el absurdo de que los centros sostenidos con fondos públicos, pero también los privados, deberían admitir a todos los solicitantes de plaza en ellos, así multipliquen la capacidad organizativa del centro".

 Y cita  el Art. 27.1 de la CE: "Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza" y el 27.3 “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.


Según la ministra, se trata de "una controversia alimentada de manera artificial" y "exagerada" porque lo que se dijo, dentro de un "párrafo teórico" del discurso, era "el contenido de más de 30 sentencias del Tribunal Constitucional". Y todo ello se afirmó con el fin de "aclarar en el propio foro, con total honestidad, que una cosa es un derecho constitucional (el del artículo 27 de la Constitución) y otra es una libertad de elección de centro".

"Si fuera un derecho fundamental elegir un determinado centro las familias podrían acudir a los tribunales en defensa de ese derecho y los tribunales darles la razón, por lo cual podríamos caer en el absurdo, el que todo el mundo quisiera ir a un centro que no tuviera esa capacidad".

El Mundo publicó el artículo: “Isabel Celaá ignora las sentencias que protegen la escuela concertada”, y de él sacaremos algunas expresiones:

Si bien la ministra de Educación, Isabel Celaá, aseguró haber resoluciones del Tribunal Constitucional que apoyan  sus palabras, se olvidó de mencionar “al menos tres sentencias y un auto emitidos por el Alto Tribunal que avalan las tesis de la escuela concertada y conectan la libertad de enseñanza con el derecho de los padres a escoger colegio para sus hijos”

Celaá desvincula la libertad de enseñanza del Art.  27 de la C.E. del derecho de elegir colegio por parte de los padres, sin embargo las sentencias del TC «han dado cada vez más peso al derecho de elección de centro». 

“Es verdad que en el artículo 27 no hay un apartado concreto que «literalmente» detalle este derecho, pero las mismas fuentes jurídicas  apuntan que la doctrina ha reconocido que «el derecho de elección de centro está dentro de la libertad de enseñanza», que, ésta sí, está contemplada en la Carta Magna.”

El diario El Mundo recuerda la sentencia 74/2018 de 5 de julio, que avaló el modelo de educación diferenciada por sexos en Cantabria:

«la libertad de enseñanza (art. 27.1 CE) comprende a su vez la doble facultad de los padres de elegir el centro docente de sus hijos, que podrá ser de titularidad pública o privada, y de elegir la formación religiosa o moral que se ajuste a sus propias convicciones, facultad esta última a la que se refiere específicamente el artículo 27.3 CE», «Una y otra facultad, siendo distinguibles están evidentemente relacionadas», «Ambas guardan una íntima conexión con el derecho de creación de instituciones educativas con ideario propio, no limitado a los aspectos religiosos y morales»,  «Esta libertad de enseñanza se concreta por tres vías: el derecho a crear instituciones educativas, el derecho de los padres a elegir el centro y la formación religiosa y moral que desean para sus hijos, y el derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar a desarrollarla con libertad».

Hace lo mismo con la Sentencia 10/2014 de 27 de enero:
«no hay dificultad alguna en admitir que el derecho de todos a la educación, en cuanto derecho de libertad, comprende la facultad de elegir el centro docente»,  «En lo que respecta a la determinación por los padres del tipo de educación que habrán de recibir sus hijos, este Tribunal Constitucional ha afirmado que 'este derecho constitucional se limita, de acuerdo con nuestra doctrina, al reconocimiento prima facie de una libertad de los padres para elegir centro docente y al derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, art. 27.3 CE'».

Y esto mismo dicen la Sentencia 133/2010 de 2 de diciembre y el auto 382/1996  que añade que, «bajo el ámbito de cobertura del art. 27.1 CE cabe ubicar la capacidad de optar entre los diversos centros existentes» y recuerda que «este tribunal ya ha revelado la relación estrecha que media entre la facultad de escoger centro docente y el derecho consagrado en el art. 27.3 CE, puesto que el ejercicio de aquélla constituye 'un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral'».

Incluso en la Sentencia 5/1981 expresa que «el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el art. 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente que enuncia el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aunque también es obvio que la elección de centro docente sea un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral».

Termina el artículo recordando que el derecho de los padres a la libre elección de centro docente está  recogido  en el Art. 4.b de la LODE y en el 84.1 de la LOE, ambas leyes de gobiernos socialistas, así como en el artículo 26.3 de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU.

En próximas entradas  analizaremos las declaraciones de la Sra. Celaá   y el peculiar tratamiento que de ello ha hecho el periódico Público, así como distintas notas sobre Sentencias y legislación educativa sobre la libre elección de centro.

10 de enero de 2020

Progresar en Bachillerato sin olvidar la Formación Profesional

Tras la publicación del informe anual “Panorama de la educación”  de la OCDE, muchos los medios de comunicación se han hecho eco de su estudio con mayor  o menor fortuna. Si importantes son algunos datos que exponen, no lo son menos ciertos contenidos que omiten.


“… parece felicitarnos por un dato en el que hemos conseguido ponernos a la altura del resto de países desarrollados: la tasa de graduación en segunda etapa de Educación Secundaria (Bachillerato) ha aumentado de tal forma que ya casi estamos en la media europea.

Si justo antes de la crisis, en el año 2005, el porcentaje de graduados en España era del 56%, en el año 2017 se encuentra en el 81%. Un sensible avance consecuencia de la crisis, ya que, como recuerda el informe, “obtener una titulación de segunda etapa de Educación Secundaria es uno de los requisitos necesarios para el acceso al mercado laboral en la mayoría de países de la OCDE”. Pero aún nos encontramos lejos de la media, que se encuentra en un 86%, tanto en la Unión Europea como en los países desarrollados… ”.. Aún quedaría un 19 % por obtener esa titulación…

Se destaca también que la diferencia de sueldo entre un trabajador  con grado y  otro sin él es del 52% mientras que en el resto de países de la UE es del 38%,  y que el desempleo se mitiga con educación: la tasa de paro es del 21% para los que no tienen Bachillerato,  14% para los que lo tienen y un 8%  para los que cuentan con  enseñanza superior.


“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha vuelto a dar un tirón de orejas a España por su elevado porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los denominados ninis… donde hay territorios como Melilla donde el 30% de la población juvenil de entre 18 y 24 años es nini, mientras que en otras regiones, como el País Vasco, este porcentaje llega sólo al 9,9%. En Ceuta (23,2%), Canarias (21,4%), Andalucía (20,7%) o Extremadura (20%) se duplica la tasa vasca”.

España mejoró en la estadística de los ninis (ni estudian ni trabajan) desde la crisis hasta 2014,  pero desde ese año no lo ha hecho tanto.  En cuanto  al abandono escolar temprano y aunque  aún elevado  (17,9%) en comparación con la zona UE (10%) la distancia se ha ido reduciendo.

El Informe de la OCDE lo presentó Alejandro Tiana,  secretario de Estado de Educación en funciones  y  ha recordado que los ninis lo son a su pesar: “Es decir, no es que no hagan nada porque quieran, sino porque no pueden. De ese 20,2%, el 12% está buscando empleo y sólo el 8,2% permanece inactivo, porcentajes similares a los de la OCDE. El problema es que no encuentran el trabajo que están buscando”. Y añadió que el “El título de Bachillerato es uno de los requisitos necesarios para el acceso al mercado laboral en la mayoría de los países de la OCDE”. Por eso los estudiantes españoles se han percatado de su importancia y han aumentado cinco puntos en esa titulación desde 2010 hasta 2017, mientras que  ha permanecido estable en los demás países.

Visto lo anterior podríamos preguntarnos si ese notable salto cuantitativo en títulos de  Bachiller se ha producido sin pérdida del nivel  formativo o si se ha rebajado para incluir mayor cantidad de estudiantes. Se conocen las diferencias regionales en cuanto al número  de ninis  e incluso sobre el abandono escolar temprano, pero se omiten informaciones sobre una posible desigualdad de nivel de Bachillerato. Sabemos que la única prueba objetiva externa que mide conocimientos y capacidades es el Informe PISA  sobre la E.S.O. y dado que detecta grandes contrastes, induce a pensar que se mantengan  en Bachillerato con el riesgo de agrandarse. 

Si esas diferencias no existieran podría establecerse una prueba única y común de acceso a la Universidad en vez de mantener las diecisiete actuales. Curiosamente obtienen mejores calificaciones en esos exámenes los alumnos de las autonomías que en PISA obtienen perores resultados. ¿Se quieren tapar algunas vergüenzas de un sistema educativo mejorable?

Se anima,  por otra parte,  a incrementar el número de titulados en Bachillerato sabiendo que no todos los alumnos pueden superar los mínimos,  bien por deficiencias propias o carencias de distinta  índole como apunta el artículo “El Estado desampara a miles de bachilleres que necesitan apoyo escolar. El sistema prioriza las ayudas en la etapa obligatoria y los 11.700 alumnos de bachillerato con necesidades especiales quedan a la suerte del Gobierno regional y de su centro”. 

Basta con leer los comentarios del profesor Andreu Navarra contenidos en  “La educación actual ha convertido al docente en un monitor de tiempo libre” para intuir  que los niveles han bajado y se estuviera imponiendo involuntariamente un aprobado generalizado que salve las estadísticas.

Son llamativas las palabras de  Alejandro Tiana respecto de los ninis  cuando dice que  lo son a su pesar porque no pueden hacer más y que más de la mitad de ese 20% busca empleo, “pero no encuentran el trabajo que están buscando”, sin preguntarse para qué trabajos están preparados, y si el nini ha de adaptarse al puesto o el puesto al nini.

  Y todos parecen olvidarse, pues de ella no se acuerdan,  de que la  Formación Profesional es un poderoso medio de acceso al trabajo, mayor incluso que el proporcionado por un  título de Bachiller que abre la puerta a la Universidad o a Ciclos Formativos de Grado Superior. Se conoce desde hace años la urgente necesidad de  un cambio estructural en la Formación Profesional  para que se adapte a la realidad actual de las empresas y  que hacen falta más titulados en una FP que responda a sus demandas y favorezca el cambo social y económico, pero de momento faltan las medidas políticas oportunas  para ponerla en marcha...