30 de octubre de 2017

El sainete separatista terminó con la imposición del artículo 155 de la CE, o quizás tampoco

Llegó el 21 de octubre y con él el Consejo de Ministros extraordinario que aprobó las medidas que se derivaban de la aplicación del Art. 155 de la Constitución Española. “No hay más remedio que hacerlo”, les dijo Rajoy a sus ministros al exponerles el plan sobre el 155 que descartaba otras opciones como la disolución de la autonomía y el Parlament.

Esa fue una reflexión más del Presidente sobre la actitud adoptada por la Generalitat  de intentar forzar desde hace tiempo una situación límite   que denotaba,  a la vez, firmeza y un cierto temor  por tener que aplicar el instrumento inédito del artículo 155 de la Constitución. Se lamentaba, además el Presidente de  no se habían atendido sus peticiones de diálogo y de vuelta a la legalidad.

El Gobierno, en el uso de sus competencias,  aprobó el artículo 155 y una batería de medidas que pudieran ser aplicadas  probablemente a partir del viernes día 27, para restablecer el orden constitucional en Cataluña tras sus actos de secesión "con desobediencia rebelde y sistemática" de la Generalitat que afecta de manera "grave" al interés general de España.

Las disposiciones aprobadas tenían el propósito de responder a cuatro grandes objetivos: restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, garantizar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico, y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes.

Las medidas que conlleva el artículo 155 de la Constitución abarcan distintos ámbitos del Gobierno catalán, la administración y el Parlamento, así como otros que afectan a Mossos, Hacienda o Medios de Comunicación (Radio y TV3). 


Las funciones del actual Govern pasarán a ser asumidas por las autoridades designadas por el Gobierno.
Serán destituidos el actual presidente, vicepresidente, los consejeros y a todos los miembros del Govern catalán. 
 Rajoy dispone de seis meses para poder convocar elecciones. 
 La administración de la Generalitat se controlará por los órganos designados por el Gobierno de la Nación. 
  El órgano que se designe podrá acordar el nombramiento, el cese o la sustitución temporal de cualesquier autoridad, cargo público y personal de la Administración
  El Parlament no podrá designar candidatos, ni votar la investidura de otro presidente.    No serán de aplicación las funciones de control parlamentario.
 Estas funciones recaerán en el órgano que designe el Senado. 
  Se declarara la invalidez e ineficacia de disposiciones, actos y resoluciones autonómicas dictadas tanto por el Parlament como por la Generalitat que contravengan las medidas acordadas por el Senado.
 Las actuaciones de la Administración catalana tendrán que responder a un régimen de comunicación y de autorizaciones previas.
 El Gobierno asumirá el control del gasto de la Generalitat y sobre la totalidad de ingresos.
 El Ejecutivo podrá destituir o nombrar a los responsables de TV3 y Catalunya Ràdio.   
Se atribuye a los órganos que designe el Gobierno las funciones relativas a las telecomunicaciones y a los servicios digitales y a las tecnologías de la información.
 El Estado podrá imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios o personal laboral de la Generalitat.
La Generalitat de Cataluña no podrá actuar contra su personal por acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional. 
También carecerá de validez cualquier publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña sin la autorización del Gobierno.

Junto a las medidas adoptadas figuraba la  hoja de ruta a seguir para conseguir sus fines:

a) Entrada y debate de la Comisión del Senado sobre las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros  que se celebró el pasado martes día 24. En esa sesión se concedió un plazo hasta las mañana del jueves día 26 para su estudio. También se le dio a Carles Puigdemont la oportunidad de presentar personalmente sus alegaciones en el Senado o mediante delegación. 

b) En la sesión del Senado del jueves se debatió la ponencia  sobre el dictamen definitivo a favor o en contra de las medidas propuestas y que serían votadas el viernes día 27 por la mañana  el Pleno del Senado para aprobar o modificar  el permiso solicitado por el Gobierno para su aplicación en Cataluña.

c) En el Consejo de Ministros semanal, bien por la mañana o bien por la tarde, y una vez  concluido el Pleno, se harán efectivas las medidas asociadas a la aplicación del artículo 155.

Por su parte,  Carles Puigdemont  pudo acudir al Pleno del Senado el jueves día 26 o incluso el día siguiente a exponer sus alegaciones, y no lo hizo. Se esperaba que convocara Elecciones Autonómicas, parece que prometidas, y desistió de ellas. En  una alocución en la tarde de ese jueves dijo que  “No aceptaba las medidas del artículo 155 por injustas y que el Parlament decidiría la respuesta”.

Se celebró, a continuación y con retraso, la reunión del Parlamento catalán que iba a establecer el rumbo a seguir y las decisiones a tomar el día siguiente. 

Ese día 27 de octubre pasará a la Historia de España por las tres decisiones que se tomaron en tres ámbitos distintos:

1.- El Parlamento catalán aprobó la declaración ilegal de independencia.   En  votación secreta, votaron 82 de los 135 diputados. De ellos, 70 fueron votos a favor, 10 lo fueron en contra y 2 fueron las abstenciones, lo que representa el 51,85% del total. El resto (C´s, PSC y PP) se ausento antes de la votación. La mayoría independentista en el Parlament aprobó finalmente la resolución que insta a la constitución de “una república catalana como estado independiente, soberano, democrático y social”, basada en la propuesta de Junts pel Sí, texto que puede consultarse mediante este enlace

2.-  Al  poco tiempo, el Pleno del Senado español contestó a la DUI con la aprobación del 155 con una amplia mayoría,  214 votos a favor frente a 47 en contra y una abstención. Esto significa un respaldo de más del 80% de la cámara alta. Dado que el Senado consta de 266 miembros, los 214 votos favorables representan el 80,45% del total.

El Senado daba por lo tanto,  vía libre al Gobierno de Rajoy para que aplicara unas  medidas, tales como  el cese del presidente de la Generalitat y de todos los miembros de su Gobierno; la limitación de las funciones del Parlamento y la asunción del mando de los Mossos d'Esquadra, ...

El Senado había  suavizado algunas propuestas del Gobierno tras aceptar dos enmiendas del PSOE: aplicar gradualmente el 155, e incluso suspenderlo cuando cesen las causas originarias y la renuncia del Ejecutivo a controlar los medios públicos catalanes, como TV3, para que sigan dependiendo del  Parlamento.

El BOE publicó inmediatamente el texto del Senado para que el Gobierno aplicara el artículo 155 que puede consultarse  mediante este enlace.

3.- El Consejo de Ministros, y en su nombre el Presidente Rajoy, disolvió de forma urgente el Parlamento y convocó elecciones para el 21 de diciembre. Además, ha cesado a Puigdemont, a Junqueras y a los consejeros,  ha cerrado  las ‘embajadas’ de la Generalitat, entre otros acuerdos más.

Todos los medios  se han hecho eco de esta situación como El Mundo, ABC, El País, Expansión, La Razón


A partir de este momento comienza otra etapa de difícil y complicado pronóstico, que promete ser de todo,  menos aburrida.

20 de octubre de 2017

Hartazgo de independentismo: sus falacias y el Art. 155 de la C.E.

Cuando el pasado día 10 de octubre de 2017 Carles Puigdemont habló en el parlamento catalán tras el fallido referéndum se produjo la mayor crisis institucional de España de las últimas décadas. De su discurso podemos  extraer las siguientes palabras:

“Hay un antes y un después del 1 de octubre, y hemos conseguido lo que nos comprometimos a hacer al inicio de la legislatura.
Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalitat, asumo al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república.
Esto es lo que hoy corresponde hacer. Por responsabilidad y por respeto.
Y con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada.”

Acto seguido, el Gobierno de España mandó un requerimiento al presidente de la Generalidadcuyo texto de nueve folios puede leerse completo y del que se extraen las siguientes conclusiones:
-  El requerimiento consta de dos peticiones y dos plazos.
- En la primera se dan cinco días al presidente catalán, hasta el lunes  16 a las 10:00h,  para que "confirme" si ha declarado o no la independencia en Cataluña, sin dar lugar a respuestas confusas: "Cualquier contestación distinta a una simple respuesta afirmativa o negativa se considerará confirmación".
- Si admite la independencia, no hay claridad en la respuesta o no hay contestación, el Ejecutivo efectuará la segunda petición, exigiendo a  Carles Puigdemont que revoque la declaración de independencia y vuelva a la legalidad. El plazo con el que contará el líder catalán expirará el jueves 19 a las 10:00h. 
- Si hace caso omiso, Rajoy podría aplicar el artículo 155 de la Constitución: "Es deber del Gobierno de la Nación proceder a activar la aplicación del procedimiento para la aplicación del artículo 155 de la Constitución en el caso de que no se atienda este último requerimiento planteado por el presente acuerdo…Hemos perdido el vértigo pero hay que hacer las cosas bien. Los mayores expertos en el 155 los tenemos nosotros".

Cuando faltaban dos horas para que se cumpliera el primer plazo a las 10,00 horas del 16 de octubre, Puigdemont remitió una carta de dos folios al Gobierno Español sin contestar “si declaró o no la independencia de Cataluña”, y a la que se añaden otros dos folios más de anexos con diversos enlaces a su propia comparecencia el pasado día 10, a la ley del referéndum de autodeterminación, a los resultados del 1-O y de las elecciones del 27-S de 2015 y a unos informes de unos supuestos observadores internacionales. Desde este enlace se puede acceder a la carta enviada por Puigdemont a Rajoy.  (PDF)]

Puigdemont repite en su misiva todo el “argumentario independentista”, desde el resultado del referéndum del 1 de octubre a la “violenta actuación policial” y  ofrece diálogo sincero y plazo para llevarlo a cabo en una negociación: “Nuestra propuesta de diálogo es sincera y honesta. Por todo ello, durante los próximos dos meses, nuestro principal objetivo es emplazarle a dialogar”. Da por sobreentendido  y justifica que durante ese tiempo quedará suspendida la declaración de independencia: "la suspensión del mandato político surgido de las urnas del el 1 de octubre demuestra nuestra firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento".

Además de no contestar al requerimiento, Puigdemont se permite realizar una serie de peticiones desde una pretendida posición de fuerza, fruto de la prepotencia acumulada durante años y de una sorprendente ignorancia de la Historia y del presente: 

- Exige “que revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña”, y cita  como ejemplos la comparecencia en la A. Nacional del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y de los presidente de la ANC y de Òmnium.

- Recuerda que “en el capítulo de represión” sufren, entre otras cosas, la vulneración de derechos fundamentales, como la congelación de cuentas bancarias, la censura de internet y de medios de comunicación, la violación del secreto postal, las detenciones de servidores públicos y la brutal violencia policial ejercida contra la población civil pacífica el 1 de octubre.

-  Señala que su propuesta de diálogo es sincera, pero “incompatible con el creciente clima de represión y amenaza”.

- Y pide concretar “lo antes posible una reunión que nos permita explorar los primeros acuerdos…”, aconsejando “No dejar que se deteriore más la situación. Con buena voluntad, reconociendo el problema y mirándolo de cara, estoy seguro que podemos encontrar el camino de la solución”. 

Dado que el  requerimiento del Gobierno  obligaba a Puigdemont a dar una respuesta clara y sencilla  que evitara la aplicación del artículo 155 y no fue ni lo uno ni lo otro, comenzó  a correr el segundo plazo de tres días, hasta el jueves 19 de octubre a las 10.00 horas, para que rectifique y retorne a la legalidad vigente.

Rajoy le envió inmediatamente su mensaje a Puigdemont  diciéndole que él “será el único responsable de la aplicación de la Constitución, que rectifique, que dialogue en el Congreso y dentro de la ley”. Por otra parte,  el Presidente del Gobierno lamenta “profundamente”  que Puigdemont no haya contestado al requerimiento efectuado en su día y le recuerda  que esa petición supone el paso previo al procedimiento establecido en ese artículo del texto constitucional. 

La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en una declaración pública, anunció que tras la inadmisible contestación desde Cataluña, se activaba el segundo plazo para que rectifique antes del jueves próximo, día 19,  añadiendo que “Nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución (alusión al Art. 155) contestando al requerimiento del Gobierno que sencillamente establecía  que «El presidente de la Generalitat confirme si alguna autoridad de la Generalidad de Cataluña ha declarado la independencia y/o si su declaración del 10 de octubre de 2017 ante el pleno del Parlamento implica la declaración de independencia al margen de que esta se encuentre en vigor o no»”.


Con la llegada del día 19, se cumplió el segundo plazo y el Presidente de la Generalidad envió otro nuevo escrito al Presidente del Gobierno de España, con sus faltas de ortografía y de sintaxis incluidas,  en la que se indica:
-  Su nula voluntad de rectificación del proyecto secesionista.
- La no convocatoria de elecciones anticipadas.
- Su advertencia al Gobierno de levantar la suspensión de declaración de independencia si el Gobierno de España "persistía en impedir el diálogo,  continuar la represión y aplicar el artículo 155”.
- E implícitamente admite que no llegó a declarar la independencia de Cataluña el pasado 10 de octubre.


A la anterior, el Gobierno respondió rápidamente por medio de su portavoz, el Ministro Méndez de Vigo con un Comunicado al Presidente de la Generalidad en el que se remite a las decisiones que tome el Consejo de Ministros el próximo sábado día 21, y termina con las siguientes  palabras:

"El Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña".

Este es el tablero de ajedrez en el que se mueven dos fuerzas  con postulados incompatibles: mientras que al Gobierno de España le asiste el Estado de Derecho y la razón de Estado, el independentismo se asienta en un puro sentimiento y en un mito sin consistencia alguna, que le deja sin cobertura alguna. El día 21 empieza sin duda otra fase de un final previsible, pero con unas consecuencias dolorosas para todos, aunque mayores para los más débiles.

En la siguiente entrada veremos cómo se hubiera solucionado esta crisis en otras épocas de la Historia, y aunque  las circunstancias y el tablero de juego son diferentes,  de las comparaciones surgen ideas válidas para solucionar el presente y prevenir el futuro. Los accidentes cambian mientras la sustancia perdura.

14 de octubre de 2017

CONSUMIDOS LOS CIUDADANOS Y CONSUMADOS LOS PLAZOS

A falta de cuarenta y ocho horas para que Puigdemont conteste al requerimiento que le hizo Rajoy, las espadas continúan en alto. Todo puede ocurrir y bueno,  muy poco. Es muy probable que el Presidente de la Generalidad no lo haga,  con lo que le pasa la iniciativa al Presidente del Reino de España para que éste actúe. Los independentistas le han tomado la medida a Rajoy y saben de su falta de decisión,  pero han menospreciado la voluntad del pueblo español. Creen que esa no respuesta les permitirá que el tiempo  de las dudas se alargue y ganen algo de lo que se acaba, esperando recibir apoyos externos. Están convencidos de que no tienen nada que perder, porque todo lo conseguido a lo largo de los años nadie se lo quitará y, en cambio,  pueden ganar aún más. No piensan dar un paso atrás ni que nadie les obligue a ello. Sin embargo, a veces “la avaricia rompe el saco”, que se vuelve más débil cuando los que tienen que llenarlo están sencillamente HARTOS, MUY HARTOS.

Mientras tanto, nuestro colaborador José-Tomás Cruz Varela nos ambienta muy acertadamente esta angustiosa espera.
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CONSUMIDOS LOS CIUDADANOS Y CONSUMADOS LOS PLAZOS

Lamentable y mediocre discurso el pronunciado días atrás por el presidente de la Generalidad, cuyo contenido evidenció la ramplonería dialéctica de su autor. Perorata a la que acudieron ansiosos miles de sus seguidores y votantes para escuchar la histórica proclamación de la República Independiente de Cataluña, quien con su estrechez intelectual y en cuestión de minutos logró defraudar al auditorio que abandonaron el recinto decepcionados, ninguneados  y sin independencia alguna que llevarse a la boca. La cara de su colega  Junqueras era un poema implorando comprensión y paciencia que no consiguió. Todo ello aderezado con las durísimas réplicas de los diputados de la oposición desmontando los lamentables argumentos de Puigdemont.  Sin la menor duda, presidente y vicepresidente pasaron uno de los peores ratos de sus respectivas vidas.

     A tenor del fiasco cosechado, su colega en Madrid, el resentido Pablo Iglesias (Podemos), en baja forma últimamente e intentando disimular él ridículo cosechado en Barcelona, se sacudió el marrón con un tuit afirmando que “no se podía decir que había sido proclamada la independencia…” En cuanto al posicionamiento de su formación seguirá colaborando con el independentismo, empecinados y soñando con cargarse lo que definen como el "Régimen del 78"

    La realidad es que la pelota  actualmente se encuentra en el tejado del grotesco e incongruente Puigdemont. El Gobierno, por su parte, se limitará a cumplir con su obligación activando el artículo 155 de la Constitución para que en un breve plazo el presidente de la Generalidad se defina  si ha declarado o no la independencia en Cataluña.

     El Estado, ya no puede permitirse ni permitir más licencias, trampas ni descalificaciones por parte de los independentistas que perjudiquen la convivencia entre los españoles.. Se necesita más rigor tras la aplicación del citado artículo tendente a recuperar la normalidad institucional  y cuanto antes mejor. El Ejecutivo ya cuenta con el apoyo de los constitucionalistas en pro de garantizar la unidad de España.

   Consumidos los ciudadanos y consumado el plazo, hasta el próximo jueves a las 10 horas no terminaremos de creernos que Rajoy "lance un ultimátum" como aparece en todos los medios de comunicación. Desde que asumió la presidencia nunca ha sido partidario de las decisiones drásticas pero si necesarias, dado que en esta ocasión ha rechazada toda posibilidad de dialogo con la Generalidad si decide mantener su postura rupturista. Como contraprestación tendrá que ceder a la apertura de un debate sobre la reforma de la Constitución....Nuestro país no puede despilfarrar más tiempo buscando la solución de este gran problema, motivo por el cual es preciso quede zanjado cuanto antes y a poder ser de manera definitiva.....¡¡Tiempo al tiempo!!

José-Tomás Cruz Varela

7 de octubre de 2017

LO QUE SUCEDA MAÑANA, POSIBLEMENTE MARQUE NUESTRO FUTURO

El artículo de nuestro colaborador  José-Tomás Cruz Varela me llegó horas antes del pretendido y esperpéntico referéndum, realizado de la forma más chapucera posible. El título contenía ya  una premonición: lo importante no era lo que ocurriera el día 1 de octubre  sino todo lo que vendría después. Y eso es lo que estamos viendo y viviendo.

Muchas cosas sucedieron ese día, sobresaliendo entre todas la manipulación efectuada por los organizadores  que consiguió apoderarse de la iniciativa ante un gobierno español silente en la Moncloa. 

Pero el vértigo de una declaración de independencia unilateral que dejaría fuera del paraguas de la Unión Europea  a esa hipotética república catalana ha hecho que las empresas financieras se trasladen a territorios más seguros. Y si a eso unimos la movilización, mucho mayor de lo esperada,  de la sociedad silenciosa que quiere seguir siendo española y continuar unida, podremos observar que las cañas de los independentistas se les están volviendo lanzas, a pesar de la inacción del Presidente Rajoy

El día después ha empezado y,  desde luego, está marcando nuestro futuro, el de todos…
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LO QUE SUCEDA MAÑANA, POSIBLEMENTE MARQUE NUESTRO FUTURO
(De un puño y tekla)
   Hasta el último momento, el Gobierno catalán ha vivido empecinado en hacer caso omiso de la ley, y como consecuencia, pretender mofarse de los españoles, gentilicio que han enseñado a utilizar a los niños catalanes despectivamente y como insulto. Algo similar, salvando las distancias, a las esperpénticas urnas adquiridas en China.

   A ciencia cierta, nadie puede asegurar lo que sucederá mañana en Cataluña. Instalados en la duda, sus ciudadanos se reparten entre el “sí” de los independentistas y el “no” gubernamental. No obstante, en declaraciones efectuadas a última hora por miembros de la ANC, considerarían un éxito el que  acudiera un millón de votantes contra los 2 ó 3 que lo hicieron en el 9-N.

   A estas alturas, Puigdemont, ya no puede retractarse, como tampoco puede negarse la existencia en Cataluña de una sólida inclinación separatista y así continuará mientras en la escuela pública se mantenga tal tendencia. De ahí que, aun cosechándose mañana un auténtico fracaso, pronto  volverán a intentarlo.

   En esta ocasión, el Gobierno continúa ha continuado manteniendo que no habrá referéndum aunque no se faciliten detalles. Desde La Moncloa comienza a filtrarse que se producirá un remedo de votación, dejando muy claro que Rajoy ya ha renunciado a negociar con Puigdemont.

   En el resto del mundo nos observan consternados ante la payasada que se ha montado en España, corriente que comparte la sociedad española ante semejante esperpento, limitándose el Gobierno a amenazar a los sediciosos sobre su responsabilidad personal y patrimonial, a lo que a los miembros de ANC y Omnium les importa un bledo, reafirmándose en que no admitirán negociación alguna.

   No deberíamos olvidar que la Transición nos devolvió a los españoles el derecho a decidir y a convivir en paz, convirtiéndonos en ciudadanos libres y dotados de una Constitución modélica y formando parte de Europa con todos los merecimientos y reconocimientos.

Atentamente.

José-Tomás Cruz Varela