1.- Necesidad, justificación y propuestas del Gobierno.
Hace ya mucho tiempo que saltaron las alarmas sobre la deficiente financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, sus responsables, entonces, prefirieron mirar para otro lado, manteniendo el eslogan populista de que la “Sanidad pública, gratuita, igualitaria y equitativa está basada en un sistema sostenible, justo, eficiente y además no es caro…"
Quienes propiciaron, por acción u omisión, el colapso del sistema sanitario español, pronosticaron que el PP impondría el “copago sanitario” como una medida más para recortar los derechos de los trabajadores y privatizar la sanidad, junto con la educación. Y buscaron, también, confundir a los ciudadanos al unir en el término “copago” tanto el concepto sanitario como el farmacéutico. Intentaremos en tres capítulos acercarnos a esta realidad, aprovechanado la ocasión para rasgar el manto de silencio intencionado que oculta el “copago farmacéutico” de los funcionarios:
a) Necesidad, justificación y propuestas del Gobierno.
b) Reacciones de los partidos políticos.
c) El “copago” en el SNS y MUFACE, ISFAS y Mutualidad General Judicial.
Durante meses se ha anunciado el “copago sanitario” que implantaría el PP, y la rebaja del poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas, al pagar por consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones, pruebas diagnósticas, operaciones quirúrgicas y medicamentos. El vaticinio no se ha cumplido, al quedar todo lo anterior reducido, de momento, a una modificación sobre la adquisición de medicinas que persigue el ahorro en el gasto farmacéutico, mediante la reducción de recetas por habitante y año.
Se ha comprobado que “los españoles están entre los europeos que "más veces acuden al médico al año, 8 veces de media… por encima del promedio europeo y lo mismo sucede con el gasto farmacéutico per cápita". Y se ha constatado que "un 75% de las recetas se concentran en un 20% de la población que está exenta de pago (los pensionistas) y su consumo ha pasado a unas 55 recetas por año frente a las siete de un trabajador".
Se sabe también que “el gasto farmacéutico es un 40% superior en términos per cápita al de países como Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Portugal”. Y, según datos de McKinsey-Fedea, “en 1981 los ciudadanos pagaban de media el 20% de las medicinas que consumían, mientras que ahora mismo ese porcentaje ha caído hasta el 7%, debido a que los pensionistas consumen el 70% de los medicamentos, con incrementos del gasto superiores al 9%, pese a ser apenas el 25% de la población”.
El copago en Europa está muy extendido y pretende desincentivar el uso excesivo de la sanidad mediante la aportación de una pequeña cantidad de dinero por parte del usuario. Para hacerse una idea de lo que ocurre en esos países de nuestro entorno resultará oportuno consultar estos cuadros extraídos del estudio “Impulsar un cambio posible en el sistema sanitario”, de McKinsey y Fedea.
Hasta ahora, los jubilados de España no pagaban absolutamente nada por sus medicinas, mientras que la población activa aportaba un 40% de su importe. Sólo por motivaciones políticas, puede explicarse “que una persona activa con un sueldo bajo e hijos pequeños (también grandes consumidores de asistencia) pague el 40%, y los jubilados con pensiones superiores, más altas que el sueldo del activo, no paguen nada. El grupo de los pensionistas, que supone el 22% de los beneficiarios del Sistema Nacional, causa el 78% del gasto farmacéutico; en los activos, los porcentajes se invierten: el 78% de los beneficiarios y el 22% del gasto (indicadores de la prestación farmacéutica, Insalud, 2001).
¿Es justo y equitativo que con el copago actual un enfermo en activo pague el 40% del medicamento independientemente de si es un parado o un alto ejecutivo o un mileurista y que un jubilado con una pensión alta e importantes rentas de capital no pague nada? También es cierto que puede existir el peligro de que alguien con medios se libre del pago si su declaración de renta no refleja el nivel de riqueza real de cada uno.
La Ministra de Sanidad, Ana Mato, ha asegurado que “el copago farmacéutico es un mal menor, un efecto disuasorio, necesario para mantener la universalidad y la gratuidad del Sistema Nacional de Salud". A partir de ahora, y según el Art. 94 bis, del R.D-ley 16/2012 de 20 de abril ,
a) Los jubilados pagarán el 10% del precio del medicamento. Pero
- Los que ganen menos de 18.000€ al año, tendrán un tope de 8€ al mes.
- Los que cobren más de 18.000 y menos de 100.000€, tendrán un tope de 18€ al mes.
- Y los que ingresen más de 100.000€ al año, tendrán un tope de 60 € en sus gastos de farmacia.
b) Los trabajadores en activo
- Que ganen menos de 18.000€ al año, pagarán un 40%.
- Los que cobren más de 18.000€ y menos de 100.000, pagarán un 50%.
- Y los que ingresen más de 100.000€ al año, pagarán un 60% de las medicinas.
Quedan exentos de este sistema las pensiones no contributivas, los parados sin prestación de desempleo y las rentas de inserción.
¿Es el “copago” un doble pago? Esta teoría la mantienen los que se oponen, pero sin aportar ninguna solución, salvo que lo paguen los demás: “Ahora llega el copago, que consiste en que el usuario haga una pequeña aportación económica a aquello que hasta ahora tenía pagado por el Estado. Lo que pasa es que este mismo usuario paga impuestos, con los cuales se paga la sanidad y los servicios a que tiene derecho. Por lo tanto, aunque sea por vías diferentes, el ciudadano lo acaba pagando todo. Así pues, lo que los políticos denominan copago es en realidad un doble pago, porque primero se paga en impuestos y luego con una tasa en el momento en que se necesita”. Lo cierto es que con los actuales impuestos no se llega a pagar el coste de la sanidad, y cada día será más difícil hacerlo, debido al envejecimiento de la población y el aumento del paro.
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¡Ah! Los funcionarios en activo de MUFACE, ISFAS y Mutualidad General Judicial han pagado y pagan un 30% de las medicinas, y sus jubilados han pagado y pagan el mismo 30% del importe de los fármacos.

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