3 de agosto de 2022

NULA INFLACIÓN

 Interesantes las reflexiones que Cruz Varela nos ofrece hoy sobre las “aportaciones” obligadas (eufemismo de impuestos) que el gobierno desea implantar a las empresas financieras y energéticas españolas.

Creen en el Gobierno y aledaños del poder que  todos los ciudadanos españoles contribuyeron con unos 60.000 millones de euros a la salvación de la “banca”, omitiendo que fueron las Cajas de Ahorros las receptoras, dirigidas por políticos de distintos partidos y responsables de su mala gestión.

Y creen también en el Gobierno que los BANCOS ganan demasiado dinero y ha llegado el momento de compensar al Estado con una parte de lo que en un tiempo recibieron, sin analizar si el valor de las acciones ha mejorado o empeorado y que de esas entidades son propietarios miles de accionistas no siempre grandes potentados.

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 NULA INFLACIÓN

(De mi puño y tekla)

Los nuevos impuestos recientemente presentados a la banca y al sector energético por el PSOE y Podemos, tendrán un efecto contraproducente sobre la actividad económica y la creación de empleo. Y en nada servirán para combatir la inflación. En un golpe de efecto en el debate sobre el Estado de la Nación, Pedro Sánchez anunció como propias ciertas reivindicaciones de Podemos y ayer tomaron forma en una proposición de ley conjunta, concesión socialista a su socio de Gobierno. Lejos de aliviar la situación que padecen los ciudadanos, el presidente está más atento a intentar engordar su maltrecha popularidad de cara a las próximas elecciones generales y a limar asperezas con sus aliados. Es más que probable que estas recetas no van a mejorar las condiciones de vida de los españoles ni la situación financiera del país.

Aunque las novedosas figuras se presentasen bajo la fórmula eufemística de una "prestación patrimonial", se trata en realidad de un verdadero impuesto que puede tener difícil encaje constitucional, porque las grandes corporaciones ya tributan por sus beneficios a través del impuesto de sociedades y estaríamos, por tanto, ante una doble imposición proscrita por la ley.

La arbitrariedad de establecer medidas confiscatorias por sectores concretos a los que se presume beneficios extraordinarios provocará desconfianza e inseguridad jurídica, con el consiguiente efecto de ahuyentar la inversión. Y en particular, gravar las comisiones del sistema financiero encarecerá los préstamos, restringirá los créditos y restará competitividad a nuestras empresas. Y se impone en el propio corazón de la economía, debilitado después del periodo de la pandemia, durante el que continuó financiando la economía española.

No cabe duda que a largo plazo este impuesto lo pagarán los ciudadanos, aunque el Gobierno haya ideado fuertes sanciones en caso de que la prestación se traslade a los clientes. El BCE reclama a los bancos que con todos los costos en los que incurran se repercutan en los productos financieros para garantizar la sostenibilidad del sistema. Del mismo modo que las eléctricas y las petroleras podrían aplicarlo en los precios del combustible y en el recibo de la luz.

Nada hay más casual en que Sánchez eligiera para registrar esta proposición de ley la semana en que las grandes compañías están presentando sus cuentas de resultados del primer semestre. Ayer lo hicieron Banco de Santander, Banco Sabadell y Repsol, y hoy lo hará Caixabank. Todas respondieron a la estigmatización del Gobierno, incapaz de aplicar unas políticas estructurales que refuercen la economía y mejoren su capacidad de crecimiento… Sánchez les ha declarado la guerra sometiéndolos a la caricatura de la chistera y el puro, sin debatirlo antes con los implicados y sin analizar su encaje legal con los principios básicos de nuestro sistema tributario: la igualdad, la no discriminación y la capacidad económica.

Atentamente.

José-Tomás Cruz Varela

Ex Director de RR.HH. Málaga.

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